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Para
noviembre
de
1921
cuando
don
Santiago
Ricart
Lamarche,
protagoniza
el
acto
de
repudio
a la
dotación
militar
invasora
junto
a
los
miembros
del
Cuerpo
de
Bomberos
y
una
parte
del
pueblo
de
la
Sultana
del
Este,
la
situación
económica
del
país,
y
por
consiguiente
de
San
Pedro
de
Macorís
no
era
muy
halagüeña,
debido
a
las
medidas
en
ese
orden
tomadas
por
la
junta
militar
y a
la
deuda
externa
en
la
que
habían
sumido
la
nación
dominicana,
tanto
los
gobiernos
pasados
como
el
invasor.
Los
niveles
de
repudio
a
las
tropas
interventoras
se
fueron
incrementando
a
medida
que
la
situación
económica
iba
tomando
ribetes
de
crisis,
una
por
la
baja
en
el
precio
del
azúcar
de
caña
en
los
mercados
internacionales
y
otra
por
las
regulaciones
arancelarias
y
fiscales
internas,
como
consecuencia
de
la
intención
desmedida
del
cobro
de
la
deuda
externa
por
parte
de
los
gobernantes
militares
de
turno,
la
que
se
elevó
para
1922,
en
unos
43.7
millones
de
dólares.
Evidentemente
que
el
Ayuntamiento
de
San
Pedro
de
Macorís,
del
que
para
el
primer
cuatrimestre
de
1922
habían
renunciado
tres
regidores,
incluyendo
dos
presidentes
de
la
Sala
Capitular,
y el
sindico;
comenzaba
a
dar
visos
de
crisis,
y es
que
para
el
13
de
marzo
de
ese
mismo
año
un
grupo
de
empleados
de
esa
entidad
pública
municipal,
solicitaron
un
nuevo
horario
de
trabajo
debido
a la
rebaja
en
el
sueldo
que
se
les
había
hecho,
veamos
pues
lo
que
dice
el
punto
en
esa
sesión
en
donde
se
trata
dicho
problema:
“4to.
Varios
empleados
municipales
manifestando
que
con
motivo
de
las
recientes
medidas
del
gobierno
ordenando
la
retención
temporal
de
parte
considerable
de
sus
sueldos,
con
lo
cual
se
le
obligara
a
sufrir
privaciones
y
ver
a
sus
respetables
familia
careciendo,
desean
que
el
ayuntamiento
modifique
el
horario
de
las
oficinas
municipales...”
Esto
lo
solicitan,
con
la
intención
del
tiempo
restante
dedicarlo
quizás
a
otras
labores
productivas.
Pero
el
problema
de
la
crisis
financiera
del
ayuntamiento
en
1921-1922,
a
raíz
de
las
medidas
tomadas
por
el
gobierno
militar
interventor
y
después
del
atropello
de
que
fue
objeto
el
señor
Ricart
Lamarche
por
parte
de
un
oficial
militar
norteamericano,
no
terminan
ahí,
porque
en
la
misma
sesión
de
la
sala
capitular
del
13
de
marzo,
se
trató
el
tema
de
otra
correspondencia
que
enviaran
los
músicos
integrantes
de
la
Banda
Municipal
dirigida
por
el
insigne
maestro
Higüeyano
Gabriel
del
Castillo
(Gabú),
en
donde
manifestaban
la
intención
de
suspender
las
Retretas
Públicas
hasta
tanto
el
“ayuntamiento
esté
en
condiciones
de
sostener
la
Banda
de
Música,
con
motivo
del
largo
tiempo
que
no
se
le
paga
y
además
con
motivo
de
los
últimos
rumores
de
que
no
se
les
podrá
pagar
por
varios
meses
más”.
Y es
que
San
Pedro
de
Macorís,
con
su
industria
Azucarera,
fue
una
de
las
provincias
que
más
sacrificada
estuvo
con
el
pago
de
la
deuda
externa,
ya
que
con
los
impuestos
cobrados
en
las
aduanas
no
se
cumplía
el
reglamento
de
mandar
parte
de
esas
recaudaciones
a
los
ayuntamientos,
sino
que
para
la
época
fue
ésta
provincia
la
que
más
aportó
en
los
fondos
que
tomó
el
gobierno
interventor
para
la
construcción
de
las
tres
carreteras
troncales
del
país:
Carretera
Duarte
(la
que
da
al
Cibao),
carretera
Sánchez
(la
que
da
al
Sur)
y
carretera
Mella
(la
que
da
al
Este),
con
los
puentes
necesarios.
La
respuesta
a
todos
estos
problemas,
que
verificaban
una
real
crisis
en
el
ayuntamiento
de
San
Pedro
de
Macorís,
por
parte
del
gobierno
militar,
a
través
de
la
Secretaria
de
Estado
de
los
Interior
y
Policía
fue
destituyendo
tres
de
los
5
regidores
y
nombrando
prácticamente
una
nueva
Sala
Capitular,
con
la
anuencia
del
gobernador
de
turno
Juan
Felix
Peguero,
quien
en
esa
sesión
extraordinaria
de
dicho
organismo
celebrada
el
14
de
marzo,
o
sea
un
día
después
de
la
renuncia
de
los
miembros
de
la
banda
de
música
y de
la
petición
de
los
empleados
municipales,
se
hizo
presente
y
realizó
la
juramentación
reglamentaria.
A
esta
respuesta,
el
regidor
que
quedaba
de
los
anteriores,
Manuel
Vicente
Feliú,
presentó
su
renuncia
irrevocable.
Hay
que
resaltar
también,
que
a
cuatro
meses
de
haber
renunciado
los
oficiales
y
demás
miembros
del
Cuerpo
de
Bomberos
de
San
Pedro
de
Macorís
(11
de
noviembre
de
1921),
por
lo
que
quedó
disuelto,
a
raíz
del
incidente
con
el
señor
Ricart
Lamarche
(Don
Bebé)
que
era
uno
de
los
jefes
oficiales,
todavía
la
importante
ciudad
llamada
Sultana
del
Este,
no
tenía
un
cuerpo
de
bomberos,
pese
a
las
presiones
que
hicieron
los
jefes
militares
norteamericanos,
nombrando
inclusive,
como
director
del
mismo
a
través
de
presiones
en
la
Sala
Capitular
a un
alto
funcionario
del
ayuntamiento.
Sin
que
se
tengan
datos
precisos
al
respecto,
al
parecer
el
incidente
del
empresario
Ricart
Lamarche,
junto
a la
respuesta
del
pueblo
y la
oficialidad
del
Cuerpo
de
Bomberos,
provocó
un
cambio
en
la
jefatura
militar
de
esta
ciudad
por
parte
de
los
invasores,
y
el
teniente
coronel
William
C.
Harlle,
quien
protagonizó
el
mismo,
y
de
quien
se
dijo
estaba
bajo
los
efectos
del
alcohol,
fue
sustituido
y
para
el
17
de
marzo
del
año
en
curso
a
las
11
de
la
mañana,
fueron
convocados
a
sesión
extraordinaria
los
regidores
y el
síndico
de
turno,
con
la
intención
de
presentar
el
nuevo
jefe
militar
de
San
Pedro
de
Macorís,
el
coronel
Lyman,
quien
se
puso
a
disposición
de
dicho
ayuntamiento
y la
población,
y
lanzó
extensos
elogios
a
esta
ciudad.
En
el
orden
social
y
político,
la
efervescencia
se
sentía,
ya
que
en
el
aspecto
cultural,
los
intelectuales
se
fueron
agrupando
para
dar
respuesta
como
una
resistencia
a la
ocupación
militar
y
muchos
de
ellos
en
San
Pedro
de
Macorís,
como
es
el
caso
de
Virgilio
Díaz
Ordoñez,
fueron
perseguidos
por
la
horda
militar,
y
laureados
poetas
como
Armando
Oscar
Pacheco,
se
enrolaron
en
la
Junta
Nacionalista,
institución
que
se
sumó
al
pedido
del
retiro
de
las
tropas
militares
estadounidenses
en
suelo
dominicano.
Asimismo,
damas
de
los
más
resonantes
apellidos
de
esta
ciudad:
Martínez,
Amiama,
Bermúdez,
Bonilla,
Díaz,
Ordoñez,
Richiez
y
otras,
formaron
parte
de
la
comisión
pro-Semana
Patriótica,
la
que
tuvo
como
finalidad
denunciar
en
la
ciudad
de
New
York,
los
atropellos
cometidos
por
militares
de
las
tropas
estadounidenses.
Llegando
incluso,
a
hacer
actividades
públicas
en
esta
ciudad
en
ese
sentido.
Los
atropellos
a
ciudadanos
como
al
abogado
Santiago
Lamela
Díaz,
a
quien
después
de
golpearlo
se
le
puso
a
barrer
las
calles,
al
este
querer
defender
en
los
tribunales
a
varios
reconocidos
obreros
cocolos,
quienes
escenificaron
una
marcha
por
las
calles
de
San
Pedro
de
Macoris;
el
atropello
al
industrial
Don
Bebé
Ricart
y a
varios
bomberos,
la
persecución
de
destacados
intelectuales
locales,
dieron
pie
a
que
la
población
sintiera
repudio
hacia
las
tropas
invasoras,
todo
esto
acompañado
de
la
crisis
financiera
que
se
provocara
en
el
ayuntamiento
y
otras
dependencias
estatales.
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