Camacho señala
estructura de implicados en Operación Calamar afectó
intereses públicos y privados
Por: Redacción
| 27 de marzo 2023
SANTO DOMINGO, R.D. (VIPRENSA).- El procurador
adjunto Wilson Camacho señaló este domingo que la
estructura de corrupción elaborada por los
implicados en Operación Calamar, en su accionar,
afecto tanto los intereses del Estado dominicano
como los de origen privado.
“Esta estructura de corrupción ha afectado tanto
intereses públicos como intereses privados. Esos
intereses privados se han acercado al tribunal con
la intención de ser parte del proceso, que es algo a
lo que ellos tienen derecho. A eso fines han estado
depositando querellas, en los últimos días en el
tribunal, incluso, se depositaron querellas en el
día de hoy. Eso motivó el aplazamiento de esta
audiencia, porque esas querellas deben ser
notificadas a las contrapartes”, explicó el titular
de la Procuraduría Especializada de Persecución a la
Corrupción Administrativa (Pepca), al hablar con la
prensa en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Camacho indicó que han sido depositadas unas cinco
querellas, las cuales están dirigidas a la mayoría
de los procesados y explicó que esas personas que se
querellaron pidieron que les fuera notificado a las
partes y a esos fines la audiencia fue aplazada.
“Las querellas giran alrededor de las
expropiaciones, sobre todo, porque hay personas que
entienden que este entramado les afectó sus
intereses y por esa razón está acudiendo al
tribunal” sostuvo el titular de la Pepca.
Ante la decisión de la jueza Kenya Romero,
coordinadora de los juzgados de Instrucción del
Distrito Nacional, quien aplazó para el próximo
miércoles 29 del presente mes, a las 9:00 de la
mañana, el conocimiento de la solicitud de medida de
coerción, el procurador adjunto precisó que el
Ministerio Público estaba listo para conocer esta
etapa del proceso contra los imputados en esta red
de corrupción.
“Hemos venido una vez más en disposición de conocer
este proceso que gira sobre una estructura de
corrupción que se construyó para estafar, defalcar
al Estado dominicano y mantenerlo como un rehén de
la corrupción”, aseguró el titular de la Pepca.
Camacho, quien este domingo estuvo acompañado por la
procuradora adjunta directora de Persecución, Yeni
Berenice Reynoso; por la procuradora de corte
coordinadora de Litigación de la Pepca, Mirna Ortiz
y por los también fiscales Miguel Crucey, Miguel
Collado, Rosa Ysabel, Rosa Alba García, Melbin
Romero, Arolin Lemos, Elvira Rodríguez, Marinel
Brea, Héctor García y Andrés Mena, rectificó que son
20 las personas a las que se les está solicitando
medida de coerción.
El expediente acusatorio del Ministerio Público
posee más de tres mil páginas y más de 1,200
elementos de pruebas, las cuales detallan cómo los
miembros de esta red sustrajeron más de 17 mil
millones de pesos al Estado, los cuales sumados a
unos 2,100 millones en deuda administrativas
totalizan más de 19 mil millones.
Entre los que los imputados por el órgano de
justicia se encuentran, el exministro de Hacienda,
Donald Guerrero; ex ministro administrativo de la
presidencia, José Ramón Peralta; exministro de Obras
Públicas Gonzalo Castillo; ex contralor general de
la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del
Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel
Piccirilo; exdirector de Catastro Nacional, Claudio
Silver Peña, el economista Ángel Lockward y los
exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar
Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.
Asimismo, están arrestados Roberto Santiago Moquete,
Agustín Mejía Ávila, Emir Fernández de Paola,
Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito
Encarnación, Ana Linda Fernández, Aldo Antonio
Gerbasi, Ramón David Hernández, Víctor Matías
Encarnación y Rafael Parmenio Rodríguez Encarnación.
La imputación preliminar del Ministerio Público en
contra de los arrestados incluye conductas
tipificadas en el artículo 146 de la Constitución de
la República, así como los artículos 123, 166, 171,
172, 174, 175, 177, 265, 266, y 405 del Código
Penal.
También, violaciones a las leyes 448-06 y 311-14,
además de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo y la Ley 33-18,
sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos
Políticos.
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