SANTO DOMINGO, R.D. (VIPRENSA).- El Presidente Luis
Abinader llamó hoy a un gran Pacto de Nación, para
una política de Estado, firme, estratégica y
uniforme que proteja y brinde confianza al pueblo
dominicano.
El mandatario manifestó que la República Dominicana
en todo lo relacionado con Haití y sus crisis, debe
tener una posición unificada o del más amplio
consenso.
“Debe enviar un solo mensaje, a partir de los
postulados iniciales de la política exterior: no hay
ni habrá solución dominicana a los problemas de
Haití; los problemas de Haití deben resolverse en
Haití, mediante una fórmula de corresponsabilidad
compartida, que no excluya a los haitianos, pero que
garantice el compromiso de los que más deben y
pueden, entre los países más desarrollados”,
expresó.
En su discurso de rendición de cuentas ante la
Asamblea Nacional, en ocasión del 179 aniversario de
la Independencia Nacional, el jefe de Estado expuso
que uno de esos objetivos estratégicos que generan
un amplio consenso es el de la construcción de la
primera fase de una valla fronteriza.
De la cual, agregó, durante el pasado año 2022 se
comenzaron a construir 54 kilómetros, en las zonas
de mayor población y que estarán terminados el
próximo mes de mayo.
Protección de la integridad de RD a lo largo de su
frontera
“Nunca antes ningún gobierno había hecho tanto por
proteger la integridad de la República Dominicana a
lo largo de su frontera, ni había manifestado tanta
firmeza en nuestra política migratoria, en
consonancia con los derechos humanos, pero sin
titubeos a la hora de su aplicación”, aseguró.
En ese sentido, informó, este pasado año se
ejecutaron 171,000 deportaciones frente a las 85,000
realizadas en 2021, lo que supone un incremento del
102 %. En el 2019 las deportaciones fueron 67,400 y
por poner los datos en perspectiva, en 2011 de
8,636.
El mandatario destacó que por primera vez están
sometiendo a la justicia a los traficantes de
migrantes y citó como ejemplo de esto, la Operación
Frontera, conocida desde la pasada semana con
diversos apresamientos y que manifestó, va a
continuar sin contemplaciones.
“Quiero dejar claro que nuestra política migratoria
la marca solo el gobierno dominicano y la
ejecutaremos siempre en defensa de nuestra
soberanía”, advirtió.
Resaltó el importante impacto que ha tenido el
activismo de República Dominicana en la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) frente a la situación
haitiana.
Agregó que las posiciones expuestas por la
representación dominicana en las asambleas de la
ONU, en las sesiones del Consejo de Seguridad y en
otros organismos internacionales han sido enfáticas
sobre la necesidad de sentar las bases hacia una
mayor ayuda para Haití y la creación de una fuerza
internacional de apoyo a la Policía Nacional
haitiana y de persecución a las bandas criminales
que lo azotan.
Comunidad internacional que no actúa ante dramática
crisis de Haití
“Nunca la situación de nuestro país vecino había
sido tan dramática. Haití es hoy un país devastado
por las crisis, con un Estado colapsado y una
comunidad internacional que no actúa”, sentenció
Abinader.
Y agregó: “Por eso, les pido a todos responsabilidad
para apartar el problema haitiano de nuestra lucha
partidista y que lleguemos a un gran acuerdo
nacional, a un pacto de país, que nos comprometa
desde nuestras posiciones y que dé una respuesta
unánime en la defensa y la protección de nuestra
soberanía”.
El jefe de Estado sostuvo que se deben adoptar
compromisos con la formulación y ejecución de
políticas de Estado eficaces y coherentes, tanto en
materia de seguridad y defensa como de política
exterior, en relación a la crisis de Haití.
Esto implicaría necesariamente, indicó, asumir una
agenda de corto, mediano y largo plazo para
enfrentar el proceso de desnacionalización de los
mercados laborales y la sobrecarga de servicios
públicos esenciales con sus efectos adversos sobre
las condiciones de la población dominicana más
vulnerable, tanto como el rezago de la modernización
y tecnificación de áreas de producción estratégicas
que comprometen seriamente aspectos de la seguridad
nacional.
En lo inmediato, propuso adoptar un mecanismo de
consulta permanente, que no necesariamente debe ser
formal, oficial y público, pero si debe ser
confiable, efectivo y ágil, entre los actores
políticos y nacionales principales, para asegurar
que las decisiones importantes o sensibles
relacionadas con la agenda de las relaciones
insulares y sus vinculaciones con la agenda de
poderes foráneos y organismos internacional tengan
el más amplio consenso y las mayores garantías de
implementación.
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