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SAN PEDRO DE MACORÍS, R.D. (VIPRENSA).- El abogado Juan Miguel
Castillo Pantaleón afirmó que el Estado dominicano invierte miles de
millones de pesos en la atención de las parturientas haitianas, más
que cualquier otro país, un costo enorme porque provienen de un país
colapsado y con carencia de sistema de salud.
Al referirse a la denuncia de violencia y discriminación de las
migrantes haitianas en la República Dominicana que hizo el Comité
para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), dijo que es necesario
aclarar que ese organismo da seguimiento al cumplimiento de los
compromisos del Estado dominicano en relación con la Convención para
la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.
El abogado indicó que están incluidos varios países sobre
cumplimientos parciales o incumplimientos de obligaciones asumidas
por los estados, es decir, no se trató de un informe en el que el
país fuera el único con un memorial de incumplimientos.
Dijo que también es importante que el país sepa que a esas
revisiones periódicas que se hacen y que los estados firmantes de
esa convención se obligan a rendir, asisten usualmente ministros, el
embajador dominicano ante el organismo y también una delegación que
acompañó en la presentación oficial.
¨El Estado dominicano hizo una presentación como si fuera una
especie de rendición de cuentas en la que se exhibieron logros, pero
en la que no se asumió una actitud a la ofensiva en aquellos puntos
en donde el país es imperativo¨, expresó al ser entrevistado en el
programa Toque Final con Julio Martínez Pozo, que se transmite por
Antena 7.
Explicó que cuando se lee el informe no trata de ese tema, tras
destacar, qué se dejó de ponderar una información que resultaba muy
útil para poner en contexto el por qué luego de que las parturientas
haitianas alumbran, recibiendo la generosidad de otro país pobre
como la República Dominicana, tienen que hacer que retornen a su
país junto con sus vástagos y eso es porque son migrantes
irregulares.
Castillo Pantaleón precisó que hubo otras deficiencias de
información que debieron ser oportunamente planteadas, entre estas,
cuáles son las reglas del acceso a la nacionalidad dominicana y que,
por lo tanto, no les corresponde a los hijos de los extranjeros que
no son residentes, que se encuentran en tránsito y menos a los que
tienen condición migratoria irregular. Destacó que en ese punto en
el informe brilla por su ausencia.
Sostuvo que dicho informe parte de premisas absolutamente falsas,
por ejemplo, que el Estado dominicano no concede un estatus
migratorio a las parturientas y la exigencia que plantea
discriminación pensé.
¨La diferencia entre extranjero y nacional por sí sola no es
discriminatoria. No plantea la obligación de un Estado de acoger en
su país simplemente por la condición de gravidez de embarazo o de
parto a una persona, eso no regulariza su situación migratoria¨,
expresó.
Dijo que son situaciones que de haber sido planteadas pudieron haber
servido para conjurar lo que era previsible, porque era un informe
que planteaba que la República Dominicana de alguna manera
discrimina a las mujeres haitianas.
Al preguntarle ¿Qué piensa de la exhortación para que el país
otorgue permiso de residencia permanente a toda haitiana que alumbre
en territorio dominicano cuyos hijos sean criados aquí?
El abogado manifestó que la exhortación no tiene carácter
obligatorio, es una recomendación al Estado y no tiene un efecto
vinculante ni obligatorio. A su entender, la realidad insular debe
ser mejor conocida y es una responsabilidad de las funciones que
desempeñan los diplomáticos dominicanos en todos los escenarios
donde están acreditados.
¨No tienen manera de enterarse los 23 comisionados del Comité de
realidades que las propias comisiones de los países no les exponen.
Todo lo que se calla se le da aquiescencia y faltó un discurso más
proactivo anticipándose a lo que previsiblemente iba a terminar
ocurriendo¨, agregó.
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