Santo Domingo.- El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), presidido por Trajano Potentini, expresó su profunda preocupación y desacuerdo con el proceso de evaluación realizado recientemente por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), sobre el desempeño de tres jueces pertenecientes a la Suprema Corte de Justicia.

El CARD señaló que los jueces Pilar Jiménez Ortiz, Manuel Alexis Read Ortiz y Moisés Ferrer Landrón, quienes culminaron su período constitucional de siete años, fueron evaluados por el CNM y no confirmados para continuar en sus funciones, presentando y televisado ante el país un excelente manejo, lo que ha generado un clima de incertidumbre y desconfianza en amplios sectores del sistema judicial.

El presidente del CARD, Trajano Potentini, suscribió la preocupación de personalidades e instituciones del mundo jurídico dominicano, entre ellos el magistrado Jorge Subero Issa, Eduardo Jorge Prats, la Finjus, del senador Rogelio Genao y del jurista Pancho Álvarez, calificando además por parte del gremio el proceso de evaluación como opaco y carente de objetividad, asegurando que los criterios aplicados no reflejan los principios de independencia judicial ni las garantías de debido proceso que deben regir la carrera judicial.

El Colegio de Abogados advirtió que las decisiones adoptadas respecto a estos tres jueces podrían interpretarse como un precedente preocupante que compromete la estabilidad del sistema judicial y la independencia de los magistrados frente a los poderes políticos. Deplorando también el uso del denominado voto de calidad, que, ante la eventualidad de un empate en las votaciones del Consejo Nacional de la Magistratura, de 4 voto a 4, le asigna un valor doble al voto del presidente de la república, un antecedente poco visto en estos procesos del consejo, donde primaba el consenso, una imposición, aunque legal, pero alejada de la legitimidad esperada en tan singular e importante proceso de configuración de los poderes públicos.

Asimismo, la entidad recordó que la Constitución y las leyes procesales dominicanas establecen que las evaluaciones judiciales deben sustentarse en parámetros técnicos, éticos y de desempeño profesional comprobable, y no en valoraciones que pudieran resultar muy subjetivas.

El CARD anunció que solicitará formalmente al Consejo Nacional de la Magistratura la publicación íntegra de los informes de evaluación, los indicadores utilizados y las actas de deliberación correspondientes, en aras de la transparencia y la rendición de cuentas institucional.

“Como representantes del foro jurídico nacional, reafirmamos nuestro compromiso con la defensa del Estado de derecho, la institucionalidad democrática y la independencia del Poder Judicial. No podemos permanecer indiferentes ante procesos que ponen en riesgo la confianza ciudadana en la justicia dominicana”, concluyó el presidente del CARD, Trajano Potentini.