Santo Domingo.- La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) denuncia por ante la PEPCA los peligros que acechan a la República Dominicana al estar toda la data de los dominicanos y dominicanas de las Cédulas, Pasaportes y Licencias de conducir en manos de las mismas empresas consorciadas en los mismos Grupos Empresariales. Esto puede dar origen a que estas entidades privadas puedan crear, inclusive ciudadanos, y que les habiliten para ejercer todos los derechos en el país.

El presidente de ADOCCO, Julio César De la Rosa Tiburcio depositó una denuncia mediante instancia a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y a su directora Licda. MIRNA ORTIZ, en donde le solicita que investigue el proceso de Licitación llevado a cabo por el INTRANT en donde solo pudo participar un solo oferente denominado como CONSORCIO MOBILITY ID, integrado por las mismas empresas que emiten las libretas de pasaportes, la nueva cédula de identidad y electoral y ahora en base a maniobras fraudulentas le han adjudicado la emisión de las licencias de conducir, denunció de la Rosa.

En su instancia ADOCCO denuncia que, el CONSORCIO MOBILITY ID, falsificó los documentos relativos a la impresora láser CLM600, presentándose como fabricantes de esta como lo exige el Pliego de Condiciones del INTRANT para la convocatoria de la licitación; sin embargo, una vez analizadas las documentaciones depositadas por el único oferente MOBILITY ID, se ha podido constatar que este consorcio no es el fabricante de dichas impresoras y que por tanto falsificó los datos para hacerse pasar como tal frente al Comité de Compras y Contrataciones del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre.

ADOCCO, una vez enterado de las irregularidades de los documentos depositados por MOBILITY ID impugnó por ante el INTRANT la adjudicación del Contrato de la emisión de las licencias de conducir a este consorcio por las múltiples irregularidades que se sucedieron en la licitación, pero el Comité de Compra y Contrataciones del INTRANT y su director ingeniero MILTON MORRISON hicieron caso omiso a la impugnación y continuaron con el proceso de licitación, inclusive, adelantando la fecha para la apertura del sobre B, con la sola intención de favorecer al CONSORCIO EMPRESARIAL MOBILITY ID, y sus integrantes MIDAS DOMINICANAS S.R.L., G.E.T. SECURE ID CORP; CONSORCIO STC, S.A., THOMAS GREG & SONS GRÁFICA E SERVICIOS, INDUSTRIA E COERCIO E IMPORTAĆÃO E EXPORTACAO DE EQUIPAKEJTOS LTDA.

Según De la Rosa Tiburcio, “la licitación fue tan dirigida que solo pudo participar MOBILITY ID, porque le pusieron tantas trabas a los demás oferentes interesados, como por ejemplo: la exigencia de una línea de créditos de 25 millones de dólares para poder participar en la licitación, con la que solo pudo cumplir MOBILITY ID, esto, evidentemente vulnera el principio de evaluación objetiva, el de libre empresa y el de participación como lo manda nuestra Constitución y que rigen los procesos de licitación según la ley 340-06 de compras y contrataciones en nuestro país”

En la denuncia se imputa al ingeniero MILTON TEOFILO MORRISON MARTINEZ de confabulación con el CONSORCIO MOBILITY ID para cometer los hechos que configuran la violación de los artículos 146, 147, 148, 150, 151 sobre la falsificación de documentos públicos del Código Penal dominicano; también de Asociación de Malhechores (arts. 265 y 266 del Código Penal dominicano); así como los artículos 2.11 y 3.1,.2, .3 de la Ley 155-17 sobre el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en la República Dominicana, los artículos 166,167, 175 y 176 del Código Penal Dominicano, además del artículo 2 de la Ley 448-06, sobre el Soborno en el Comercio y la inversión en la República Dominicana.

Se recuerda que en estos días el ingeniero MILTON MORRISON anunció la adjudicación del contrato de la licencia de conducir al CONSORCIO MOBILITY ID, a pesar de estar impugnado por diferentes instituciones de la sociedad civil de la República Dominicana, tanto por ante el INTRANT como por ante la Dirección General de Compras y Contrataciones (DGCP).

Esperamos que la PEPCA y su directora licenciada MIRNA ORTIZ, den respuesta pronta y cumplida mediante un proceso de investigación ya que le hemos depositado todas las pruebas que demuestran, tanto la falsificación de documentos como el incumplimiento con la exigencia de la línea de crédito por parte de MOBILITY ID, entre otros, en procura de adjudicarse un contrato de 8 mil 400 millones de pesos.