Foto: fuente externa. Imputados de la Operación Gavilán.
SANTO DOMINGO, R.D. (VIPRENSA).- El
Ministerio Público sostuvo este lunes que a 16,958
personas les fueron borrados o alterados los
registros de antecedentes penales por parte de los
imputados de la Operación Gavilán.
Así lo expusieron los fiscales litigantes que
representaron al Ministerio Público en la audiencia
para el conocimiento de la medida de coerción en la
Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente
del Distrito Nacional contra 12 personas vinculadas
a la red criminal.
La fiscal Sourelly Jáquez dijo sobre el proceso: “se
presentó hoy la medida de coerción, donde, no
solamente se indicaron las más de 8 mil personas que
aparecían con registros alterados o borrados, sino
fueron 16,958 personas, que, conforme al peritaje
técnico, les fueron eliminados o borrados los
antecedentes penales”.
Añadió “en el día de hoy también se le dio
oportunidad a que los imputados manifestaran sus
declaraciones y sus medios de defensa, donde dos
imputados declararon en esta fase, dentro de ellos,
el miembro actual de la Policía Nacional, Antony
Ferrer, quien admitió los hechos que presentó el
Ministerio Público en la medida de coerción”.
Adelantó que en la audiencia de mañana martes
continuarán exponiendo dos defensas técnicas y las
contrarréplicas del Ministerio Público.
Jáquez se refirió al proceso al responder preguntas
de los periodistas de la fuente judicial que la
entrevistaron a la salida del tribunal, a quienes le
dijo que la audiencia podría concluir este martes 8
de agosto.
En sus respuestas a la prensa, precisó “que la
compañía Nexcom Technology, es una compañía de
tecnología que fue utilizada por los imputados y
movilizó más de 12 millones de pesos para hacer la
eliminación y adulteración, vinculada al exmiembro
de la Policía Nacional Luis Alfredo Astacio Polanco,
que es uno de los imputados que está aquí presente”.
Sobre los fiscales involucrados en la red, dijo que
“son de diferentes jurisdicciones y ya Inspectoría y
la Procuraduría General de la República, como había
dicho anteriormente, en los próximos días van a
estar indicando quiénes son los fiscales”.
Jáquez representó al Ministerio Público en la
audiencia junto al también fiscal Andrés Mena.
En sus conclusiones, los fiscales, representantes
del órgano persecutor, solicitaron que se declare
complejo el proceso y que se imponga la prisión
preventiva contra Mártires Rosario Reyes, soporte
del sistema de justicia de la Dirección de
Tecnología de la Información y Comunicación de la
Procuraduría General de la República.
También, contra Alfredo Mirambeaux Villalona, Rubén
Darío Morbán Santana, encargado de la división de
tecnología de la Fiscalía de Santo Domingo Este y su
esposa Laudelina Esther Reyes Silva. Entre los
involucrados también se encuentran los empleados de
la Procuraduría General de la República Pilar Yrenes
Medina Trinidad y Domingo Julio Santana Sánchez, así
como a los coimputados Yokaira Elizabeth Carmona, al
ex policía Luis Alfredo Astacio Polanco, Ashley
Darleni Morbán Reyes, el miembro de la Policia
Nacional Antony Vicente Ferrer Monegro, Romanqui
Alexander Dotel Medina y Dilcia Argentina Núñez
Santos.
El Ministerio Público presentó su solicitud de
medida de coerción contra los 12 imputados de la
Operación Gavilán ante el juez Rigoberto Sena, quien
subió al estrado pasado el mediodía y luego de
ponderar incidentes presentados por algunas
defensas, ordenó el inicio de la jornada.
En la solicitud de medida de coerción, el Ministerio
Público detalló las imputaciones de cada uno de los
vinculados y la calificación jurídica de los delitos
cometidos por la desmantelada red.
Con la Operación Gavilán, el Ministerio Público
también investiga a por lo menos siete fiscales
contra los que procederá a solicitar ante las
jurisdicciones correspondientes la designación de un
juez especial, en cumplimiento del procedimiento
particular establecido en el marco jurídico para la
persecución penal contra servidores del sistema de
justicia.
Asimismo, puso en marcha el debido proceso
disciplinario a cargo de la Inspectoría General del
Ministerio Público.
La audiencia continuó este lunes luego de su
aplazamiento el pasado viernes 4 de agosto a
solicitud de las defensas de los imputados, quienes
pidieron más tiempo para conocer el voluminoso
expediente.
El pasado 1 de agosto el Ministerio Público puso en
marcha la Operación Gavilán contra una red de
fiscales, empleados administrativos y policías que
se dedicó durante años a eliminar antecedentes
penales a cambio de sobornos.
En la operación participó un equipo de fiscales en
conjunto con unidades especiales de la Policía
Nacional y la Dirección Nacional de Control de
Drogas (DNCD), quienes realizaron allanamientos en
el Distrito Nacional, Santo Domingo, Independencia y
San Pedro de Macorís contra los integrantes de la
red que borraban antecedentes penales relacionados
con diversos delitos, como el narcotráfico,
asesinatos, robos, homicidios o violaciones
sexuales.
En el borrado de antecedentes penales ejecutado por
esta red criminal han sido beneficiados sicarios,
narcotraficantes, violadores sexuales, imputados de
violencia de género y por adulteración de alcohol,
así como por secuestro, llegando esta estructura al
extremo de que personas recluidas cumpliendo condena
de hasta de 30 años figuren sin antecedentes penales
en los registros oficiales.
Joel Ambiorix Pimentel García (la J) y José Hamilton
Ureña (Nino Come Mezcla), dos de los principales
investigados de la Operación Halcón IV, y decenas de
casos de crimen organizado, incluyendo de algunos de
alta connotación pública, figuran entre los
beneficiados de forma reiterada por las acciones
criminales que enfrenta el Ministerio Público con la
Operación Gavilán.
Durante los allanamientos se ocuparon evidencias de
los delitos imputados, como dispositivos
electrónicos, prueba de transferencias bancarias,
armas de fuego, vehículos, dinero en efectivo,
cédulas y copias de cédulas.
El grupo fue sometido a la justicia por los delitos
tipificados en los artículos 59, 60,123, 124, 166,
167, 174, 175, 177, 265 y 266 del Código Penal
Dominicano.
También, por violación a la Ley 41-08 sobre la
Función Pública, los artículos 6 párrafo, y 10
párrafo de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de
Alta Tecnología, y el artículo 3 de la Ley 155-17 en
perjuicio del Estado dominicano.
Los citados textos tipifican y sancionan la
asociación de malhechores, soborno, cibercrimen y
lavado de activos provenientes de los delitos
imputados.
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