SANTO DOMINGO, R.D. (VIPRENSA).- El Séptimo Juzgado
de la Instrucción del Distrito Nacional ratificó
este martes la prisión preventiva impuesta al
imputado Rubén Darío Morbán Santana, a quien el
Ministerio Público le atribuye formar parte de la
red que borró y alteró registros de antecedentes
penales a más de 16,000 personas y que fue
desmantelada con la Operación Gavilán.
Luego de acoger la solicitud del Ministerio Público,
el juez Deiby Timoteo Peguero Jiménez confirmó la
prisión preventiva a Morbán Santana durante la
revisión obligatoria de la medida de coerción.
El imputado cumple 18 meses de prisión preventiva en
el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo
Hombres, en la provincia San Cristóbal, por formar
parte de la desmantelada red que borró y alteró
registros de antecedentes penales a 16,958 personas.
El pasado mes de agosto el proceso fue declarado de
tramitación compleja y les fue impuesta la prisión
preventiva como medida de coerción por 18 meses en
el referido centro penitenciario a los imputados
Domingo Julio Santana Sánchez, Mártires Rosario
Reyes, Alfredo Mirambeaux Villalona, Luis Alfredo
Astacio Polanco y a Rubén Darío Morbán Santana,
siendo la misma ratificada a todos en el proceso que
se lleva en su contra.
El proceso también se sigue en contra de los
imputados Pilar Irenes Medina Trinidad y Vicente
Ferrer Monegro, quienes tienen medidas de coerción
consistentes en arresto domiciliario e impedimento
de salida del país.
También, contra Laudelina Esther Reyes, Yokaira
Elizabeth Carmona, Ashley Darleni Morbán Reyes,
Dilcia Argentina Núñez Santos y Alexander Romanqui
Dotel, quienes recibieron diferentes medidas de
coerción por cooperar con la investigación del
Ministerio Público, entre ellas, impedimento de
salida del país, garantía económica y presentación
periódica.
Con la Operación Gavilán, el Ministerio Público
presentó cargos preliminares en contra de una red de
fiscales, empleados administrativos y policías que
se dedicó durante años a eliminar antecedentes
penales a cambio de sobornos.
En la operación que desmanteló la red criminal
participó un equipo de fiscales en conjunto con
unidades especiales de la Policía Nacional y la
Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD),
quienes realizaron allanamientos en el Distrito
Nacional, Santo Domingo, Independencia y San Pedro
de Macorís contra los integrantes de la red.
En el borrado de antecedentes penales, ejecutado por
esta red criminal, han sido beneficiados sicarios,
narcotraficantes, violadores sexuales, imputados de
violencia de género y por adulteración de alcohol,
así como por secuestro, llegando esta estructura al
extremo de que personas recluidas cumpliendo
condenas de hasta de 30 años de prisión figuren sin
antecedentes penales en los registros oficiales.
Durante los allanamientos se ocuparon evidencias de
los delitos imputados, como dispositivos
electrónicos, prueba de transferencias bancarias,
armas de fuego, vehículos, dinero en efectivo,
cédulas y copias de cédulas.
Los vinculados a la red fueron sometidos a la
justicia por incurrir en los delitos de asociación
de malhechores, soborno, cibercrimen y lavado de
activos provenientes de los delitos imputados.
El grupo fue sometido a la justicia por violar
varios artículos del Código Penal Dominicano, la Ley
41-08 sobre la Función Pública, la Ley 53-07 sobre
Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la Ley
155-17 en perjuicio del Estado dominicano.
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