El órgano electoral facilitará equipos a la PGR para
la actualización de información biométrica en los
procesos de identificación de personas imputadas y
privados de libertad
SANTO DOMINGO, R.D. (VIPRENSA).- La Junta Central
Electoral (JCE) y la Procuraduría General de la
República (PGR) firmaron este lunes un acuerdo
interinstitucional de cooperación que busca
establecer el voto penitenciario para las elecciones
generales de 2024.
El acuerdo fue firmado en la sede la JCE por su
presidente, Román Andrés Jáquez Liranzo, y por la
procuradora general de la República, Miriam Germán
Brito, en presencia de los miembros titulares del
Pleno Rafael Armando Vallejo Santelises, Dolores
Fernández Sánchez, Patricia Lorenzo Paniagua y Samir
Chami Isa y el secretario General, Sonne Beltré
Ramírez, además del director de Prisiones, Roberto
Hernández Basilio.
Mediante el convenio el órgano electoral y del
registro civil proveerá equipos para el
empadronamiento y la actualización de información
biométrica en los centros de reclusión, así como el
uso del sistema multibiométrico en los procesos de
consultas e identificación de personas, imputación y
privados de libertad. La PGR tendrá acceso a los
mecanismos de consultas en la base de datos de la
JCE.
El presidente de la JCE calificó la firma del
acuerdo como “un paso histórico dentro de la
transparencia democrática y la eficiencia de los
derechos” que, aseguró, deben ser garantizados, “no
en los papeles”, sino de manera real y efectiva.
Jáquez Liranzo destacó la importancia del apoyo para
la identificación de la identidad a través del
mecanismo de biometría porque permitirá, primero,
que los privados de libertad de manera preventiva
que no tienen la pérdida de ningún tipo de derecho
fundamental salvo lo propio que señala el proceso
penal, puedan ejercer el sufragio activo para las
elecciones de 2024 tal y como existe en otros países
el voto penitenciario.
Agregó que el acuerdo también permitirá depurar el
padrón del sistema carcelario excluyendo a todas las
personas juzgadas ya de manera definitiva e
irrevocable.
Germán Brito destaca convenio a favor de las
personas desfavorecidas de la sociedad.
De su lado, la procuradora general de la República,
Mirian Germán Brito, destacó la importancia del
convenio considerando que reconoce derechos
consagrados en la Constitución en favor de personas
desfavorecidas de la sociedad que no podían ejercer
el derecho al voto por no estar registradas ni tener
manera de que constaran sus datos.
“La cuestión del derecho al voto tiene una larga
historia de exclusión. Por ejemplo, las mujeres
fuimos excluidas por muchos años y no hace tanto que
se nos reconoció el derecho al voto.
Esto es importante porque esas personas sienten que
pueden hacer valer su opinión, su esperanza en favor
de tal o cual candidato que creen que responde mejor
o tiene mayor preocupación por su situación”, dijo
Germán Brito.
Colaboración interinstitucional en el proceso del
establecimiento del voto penitenciario
En el convenio, el Ministerio Público establece que
requiere de la implementación de un Sistema
multibiométrico que facilite la gestión, resguardo y
consulta, para fortalecer la identificación de
personas e imputados, además del control de privados
de libertad, en los procesos de investigación,
judicialización o de privación de libertad,
permitiendo incrementar la capacidad y calidad
persecutora limitando las acciones de los
delincuentes y criminales que traten de ocultar su
verdadera identidad al ser detenidos o investigados.
En el acuerdo la JCE se comprometió a apoyar y
colaborar con equipos y sistemas informáticos al
Ministerio Público.
Para el funcionamiento de la modalidad del acceso a
la información, tanto la JCE como la PGR se
comprometieron a desarrollar una interfaz de
consulta para que el órgano judicial pueda acceder
al Archivo Maestro de Cedulados vía web, a través de
una aplicación creada para consultar en línea
durante procesos de empadronamiento, identificación
o actualización de identificación de personas de
manera que pueda tener acceso a cualquier registro
de la Base de Datos, incluyendo información
biométrica en modalidad de consulta.
De su lado, el Ministerio Público se comprometió a
disponer de las facilidades, personal y medios
tecnológicos y logísticos necesarios para la
lectura, registro y proceso de información
biométrica procurando el aprovechamiento máximo,
tanto de los equipos como de los mecanismos
provistos por la JCE para procurar la identificación
e individualización de personas, imputados y
privados de libertad.
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