Conflicto en la
Cámara de Cuentas ha imposibilitado auditar lo que
va de gestión del presidente Luís Abinader
Por: Redacción
| 30 de mayo 2023
SANTO DOMINGO, R.D. (VIPRENSA).- Las
diferencias entre los miembros del Pleno de la
Cámara de Cuentas de la República Dominicana: Janel
Andrés Ramírez Sánchez, presidente; Elsa María
Catano Ramírez, vicepresidenta; Tomasina Tolentino
de Mckenzie, secretaria; Mario Arturo Fernández
Burgos, miembro y Elsa Peña Peña, miembro, ha
impedido iniciar la ejecución del Plan Anual de
Auditoría (PAA-2023), que pretendía examinar la
ejecución presupuestaria de RD$ 872,377,448,464.04,
de los años 2019, 2020, 2021 y 2022 en 79
instituciones estatales y gobiernos municipales, que
abarcaría la gestión de gobierno del presidente Luis
Abinader.
Entre las instituciones pertenecientes al gobierno
central, que debieron auditarse en el primer
trimestre enero/marzo, del año 2023, se encuentran:
Deuda Pública, correspondiente al año 2022;
Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo,
años 2019, 2020, 2021 y 2022; Ministerio de
Educación, correspondiente a los años 2020 y 2021;
Instituto de Bienestar Estudiantil, INABIE, una
investigación especial solicitada por la PEPCA,
periodo agosto del 2020 a junio del 2022; Ministerio
de Turismo, los años 2019, 2020, 2021 y 2022; para
ese mismo periodo, también se contempló, auditar, al
órgano constitucional, Junta Central Electoral, que
incluían los años 2019, 2020, 2021 y 2022 y la Liga
Municipal Dominicana, correspondiente a los años
2020, 2021 y 2022; la entidad descentralizada,
Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones,
INDOTEL; años 2019, 2020, 2021 y 2022, sin que al
mes de mayo, se hayan iniciados los trabajos de
investigación financiera.
Mientras que las instituciones pertenecientes al
gobierno central, contempladas para ser auditadas en
el segundo trimestre abril/junio de este 2023,
PAA-2023, sin evidencia a la fecha de que hayan
iniciado, se encuentran: Programa Supérate;
correspondiente a los años 2020, 2021 y 2022;
Policía Nacional, los años 2020, 2021 y 2022;
Ministerio de Hacienda, los años 2021 y 2022;
Instituto Nacional de Atención a la Primera
Infancia, INAIPI, correspondiente a los años 2020,
2021 y 2022; Oficina para el Reordenamiento del
Transporte, OPRET, años 2019, 2020, 2021 y 2022;
Ministerio de Industria y Comercio y MIPYME,
correspondiente a los años 2020, 2021 y 2022;
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
años 2020, 2021 y 2022; para el segundo trimestre,
fueron además programadas, las auditorías de las
instituciones descentralizadas y autónomas:
Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, INDRHI,
investigación especial, al proyecto de la presa
Monte Grande; años 2009-2016; Universidad Autónoma
de Santo Domingo, UASD, correspondiente a los años
2019, 2020, 2021 y 2022, auditorías, que tampoco, se
han realizado.
El conflicto entre los miembros del pleno de la
entidad fiscalizadora del gasto, ha impedido que se
hayan enviado a la fecha, las credenciales de los
auditores, que deberían estar preparándose, para
auditar las instituciones, listadas en el tercer
trimestre, julio/septiembre 2023, entre las que
están: Investigación Especial a la eliminada Oficina
de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado,
OISOE, año 2013; Cuerpo de Seguridad Presidencial,
CUSEP, años 2020, 2021 y 2022; Investigación
Especial, ( Verificación de los procesos de
contratación, ejecución, de pagos, adquisiciones
bienes y servicios, compras, entradas y salidas de
recursos financieros, adquisición de servicios
tecnológicos, entrada y salidas de inventarios,
nóminas) en el Ministerio de Educación, periodo
comprendido entre el 17 de agosto del año 2020 al 3
de agosto del año 2022; Instituto Nacional de
Educación Física, INEFI, años 2019, 2020, 2021 y
2022; Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones,
años 2020, 2021 y 2022; Investigación Especial,
Proyecto “Reconstrucción Vía Circunvalación Verón
Bávaro, Provincia La Altagracia” de referencia
CEIZTUR-CCC-LPN-2019-0008, adjudicado a la sociedad
comercial Constructora Vicasa, SRL, en el Comité
Ejecutor de Infraestructura en Zonas Turísticas,
CEIZTUR.
Para el cuarto y último trimestre del año,
octubre/diciembre, en el cronograma de instituciones
para ser auditadas, encontramos: Ministerio de
Relaciones Exteriores, correspondiente a los años
2019, 2020, 2021 y 2022; Dirección General de
Proyectos Estratégicos y Especiales de la
Presidencia de la República, PROPEEP,
correspondiente a los años 2018, 2019, 2020, 2021 y
2022, al PAA-2023, se le suma, las 84
investigaciones especiales, correspondientes a
diversos periodos, solicitadas por la Procuraduría
Especializadas de Persecución de la Corrupción
Administrativa, PEPCA, de las que se han concluidos,
menos de 10, entre las investigaciones solicitadas,
se encuentran: Ministerio Administrativo de la
Presidencia, gestión 2012-2020; Ministerio de
Hacienda, gestión 2012-2020; Plan Social de la
Presidencia, periodo 2016-2020; de las empresas
distribuidoras de electricidad, EDENORTE, EDEESTE,
EDESUR, periodo de gestión, 2012-2020; Unidad de
Electrificación Rural y Sub-Urbana, UERS, periodo de
gestión, 2012-2020, entre otras.
A juicio del presidente de la organización que lucha
contra la corrupción, la presente situación, amenaza
seriamente, la lucha contra la corrupción,
emprendida por el ministerio público y deja el sabor
amargo, de la desilusión de la sociedad que clamaba
por un órgano de control, eficiente y diligente, que
permitiera cambiar la percepción legítima de que esa
entidad, no es más que una Cámara de Cuentos, lo que
es confirmado, con el incumplimiento de rol
fiscalizador, que se inicia, con la aprobación del
Plan Anual de Auditoría, en el cual se incluye,
apenas el 5.1% de las instituciones que manejan
fondos públicos, cuando debería ser, la totalidad,
pero que ni siquiera ese ínfimo número de entidades,
es fiscalizado en tiempo hábil, como manda la
Constitución de la república y la Ley 10-04, de
Cámara de Cuentas. Finalizó Julio De la Rosa
Tiburcio, presidente de ADOCCO.
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