Trajano Potentini, presidente de Justicia y Transparencia.
SANTO
DOMINGO, R.D. (VIPRENSA).- La Fundación
Justicia y Transparencia (FJT), expresó su
preocupación por los reiterados aprestos de
presiones, censura previa, amenazas y
amedrentamiento a los medios de comunicación y
comunicadores independientes, por parte de la clase
gobernante y otros sectores vinculados al poder
político, con cuestionamientos de actos reñidos con
la ley, en un claro atentado y desafío al estado de
derecho y al sistema democrático.
La entidad cívica condena la práctica que viene
observándose, de afectación al clima democrático,
objetando programas de radio y televisión, tratando
de acallar voces disidentes, lo cual constituye un
atentado a la libertad de expresión, ello sumado a
la amenaza de aprobar varios proyectos de ley,
destinados en el fondo, a controlar y criminalizar
la opinión de los ciudadanos en las redes sociales.
FJT califica como perturbadores los casos de los
comunicadores, Pedro Jiménez, Sergio Carlos, Alfredo
de la Cruz, Francisco Tavares y Geraldino González.
El presidente de Justicia y Transparencia, Trajano
Potentini, calificó también de preocupante y
perturbador, los casos de los periodistas y
comunicadores, Pedro Jiménez, Sergio Carlos, Alfredo
de la Cruz, Francisco Tavares (El Demócrata), donde
incluso hasta la propia Procuraduría General de la
República, ha tenido que tomar carta en el asunto, y
el caso más reciente del comunicador Geraldino
González, sacado de un importante programa matutino,
presuntamente por sus críticas frontales y el choque
con altos funcionarios de la actual gestión de
gobierno.
Potentini explicó que los concurrentes
acontecimientos, no sólo amenazan la libertad de
expresión, es más grave aún, el bien jurídico
tutelado y que con extremo celo debemos proteger es
la disposición, del artículo 49 de la constitución
dominicana, que bajo el título de derecho a la
información garantiza a los medios de comunicación y
a los ciudadanos dominicanos, la capacidad de
buscar, recibir y difundir las informaciones,
obtenidas tanto de las fuentes públicas como de las
privadas, con sujeción única y exclusivamente a los
aspectos referidos al honor, orden público y
seguridad nacional, causales totalmente ajenas en
los actos y circunstancias referidas.
Es así como aún con más amplitud, se expresan varios
tratados internacionales, sobre Derechos Humanos
ratificados por la República Dominicana, con rango
equivalente al de la propia constitución dominicana,
convenios que certifican, extienden y amplían las
previsiones del 49 de la Constitución, en relación
al deber y responsabilidad inherente a la clase
periodística de informar, y citamos:
La Convención de las Naciones Unidas Contra la
Corrupción, firmada en Mérida, México en diciembre
del 2003, que obliga al Estado Dominicano de
conformidad con los artículos 10 y 13, bajo los
títulos de Información pública y Participación de la
sociedad, en las letras a, b, c y d, a disponer de
los mecanismos suficientes para garantizar y tutelar
el acceso eficaz del público a la información;
además el Realizar actividades de información
pública para fomentar la intransigencia con la
corrupción, así como programas de educación pública,
incluidos programas escolares y universitarios; y
Respetar, promover y proteger la libertad de buscar,
recibir, publicar y difundir información relativa a
la corrupción.
También el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, consigna en su artículo 2 “Toda persona
tiene derecho a la libertad de expresión; este
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y
difundir informaciones e ideas de toda índole, sin
consideraciones de fronteras, ya sea oralmente, por
escrito o en forma impresa o artística o por
cualquier otro procedimiento de su elección”. El
referido pacto establece además en su artículo 19
numeral uno el que: Nadie podrá ser molestado a
causa de sus opiniones.
En similares términos se expresa la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, cuando en su
artículo 19, dispone que “. Todo individuo tiene
derecho a la libertad de opinión y de expresión;
este derecho incluye el de no ser molestado a causa
de sus opiniones, el de investigar y recibir
informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin
limitaciones de fronteras, por cualquier medio de
expresión.
También la Declaración Americana de los Derechos del
Hombre, en su artículo 4 establece el derecho de
libertad de investigación, opinión, expresión y
difusión. Toda persona tiene derecho a la libertad
de investigación, de opinión y expresión y difusión
del pensamiento por cualquier medio. De ahí que para
Justicia y Transparencia es motivo de preocupación,
el que se atente contra la capacidad que tienen
todos los dominicanos de criticar, escrutar, pedir y
exigir transparencia y rendición de cuentas en todos
aquellos casos que impliquen el manejo y uso de los
fondos públicos.
FJT pide al presidente Abinader, el no permitir que
en su gobierno sucumba la libertad de expresión.
Asimismo la FJT le pide encarecidamente al
presidente Luis Abinader Corona, el no permitir que
en su gobierno sucumba el derecho a la información y
libertad de expresión, al tiempo de hacerle un
llamado, a los medios de comunicación, a la sociedad
civil y al pueblo dominicano en general, a estar
pendientes y vigilantes, ante estos desafortunados
hechos, que amenazan el derecho fundamental que
tenemos todos los dominicanos, a expresarnos y ser
informados, sobre el manejo y uso de los fondos
públicos, patrimonio de la colectividad.
La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), por más
de una década se ha mantenido en guardia,
enfrentando todo asomo de coartar la libertad de
expresión, incluso haciendo causa común en
diferentes momentos en la defensa de las
comunicadoras, Alicia Ortega y Nuria Piera, en los
casos de amenazas y disputa legal contra Gutiérrez
Feliz, entre otros.
FJT recuerda que un reciente estudio de
Latinobarómetro afirma que entre 2020-2023 en RD
creció el autoritarismo y disminuyó la democracia.
Finalmente la FJT recordó como un síntoma a
considerar, los más recientes resultados del sondeo
presentado por Latinobarómetro, en la República
Dominicana se registra un aumento de ocho puntos
porcentuales del autoritarismo entre 2020 y 2023
(del 13% al 21%), dos puntos porcentuales de
disminución del apoyo a la democracia, que baja
desde el 50% al 48%, y dos puntos porcentuales de
alza de la indiferencia al tipo de régimen (del 25%
al 27%), entre los mismos años, en otras palabras,
estamos en presencia de una involución de la
democracia, y el crecimiento de prácticas ya
superadas.
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