FP afirma que 1,152 muertes en intervenciones policiales evidencian fracaso de la política de seguridad ciudadana

 

Por redacción - Octubre 21, 2026

 

Santo Domingo, R.D.- La Fuerza del Pueblo (FP) advirtió que las muertes ocurridas durante intervenciones policiales evidencian el fracaso de la política de seguridad ciudadana. La organización rechazó que se utilice la fuerza letal al margen de los principios de legalidad, proporcionalidad y debido proceso.

La denuncia fue presentada por Josefina Reynoso, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de esa organización política, durante una rueda de prensa, donde informó que, según los levantamientos realizados por la FP, entre 2020 y octubre de 2026 se han registrado 1,152 muertes en hechos reportados como intercambios de disparos o acciones legales.

“Durante seis años, el Gobierno del PRM ha repetido que la delincuencia ha disminuido. Lo ha dicho en informes, en ruedas de prensa y en campañas publicitarias. Sin embargo, hoy opta por la mano dura contra la delincuencia. Si todo estaba mejorando, ¿por qué ahora mano dura?”, cuestionó Reynoso, al señalar que el miedo y la inseguridad continúan afectando la vida cotidiana de los dominicanos.

La dirigente explicó que los registros de la organización contabilizan 76 muertes durante intervenciones policiales en 2021; 139 en 2022; 226 en 2024 y 214 en 2025, mientras que en lo que va de 2026 la cifra asciende aproximadamente a 236 fallecimientos. Vinculó este incremento con la política de mano dura, popularizada mediante el denominado código 1.29, que calificó como una “cortina de humo” frente al fracaso de los planes gubernamentales de seguridad.

Reynoso recordó que la Constitución dominicana protege el derecho a la vida y prohíbe la pena de muerte, por lo que advirtió que “ninguna institución del Estado tiene autoridad para condenar a muerte a un ciudadano”. No obstante, dejó claramente establecida la posición de la organización respecto al derecho de los agentes policiales a defenderse: “La Fuerza del Pueblo reconoce el derecho de nuestros policías a proteger sus vidas y las de los ciudadanos frente a amenazas reales”.



 

 

 





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