Santo Domingo, R.D.- Un tribunal de Santiago condenó a 15 años de prisión a dos hombres y a una mujer, de nacionalidad haitiana, que formaban parte de una red de tráfico ilícito de migrantes y robo de identidad.

La condena de 15 años de encarcelamiento se dictó contra los traficantes de indocumentados Wilex Agustín (Alex), Majorit Bautista (Majorie la Morena) y José Ramón De León Gil (Pedro), quienes, según la acusación formulada por el Departamento de Trata y Tráfico de Personas de la Fiscalía de Santiago, desde el distrito municipal La Canela establecieron rutas, horarios y otras estrategias para evadir los controles de seguridad y migratorios e introducir indocumentados al territorio dominicano.

La investigación de campo realizada por el procurador fiscal Juan Osvaldo García, director del citado departamento del órgano persecutor, evidenció que se trataba de una red de tráfico que, además de utilizar varios tipos de vehículos para el traslado de los migrantes en estatus irregular, tenía una amplia residencia de cuatro habitaciones, tres baños y un sótano, ubicada en La Canela para alojar y esconder a los indocumentados, en una actividad que les generaba indeterminadas sumas de dinero en efectivo.

Las diligencias de investigación que se desarrollaron antes de los allanamientos ofrecieron información relevante al coordinador de la investigación, el procurador fiscal Juan Osvaldo García, para establecer que los acusados introducían a los indocumentados por la frontera norte con Dajabón y desde allí los trasladaban hasta La Canela.

Tras horas continuas de vigilancia, el investigador de la Fiscalía, contando con el apoyo de oficiales del Departamento de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional (Dicrim), ejecutó las órdenes de allanamiento en la residencia que utilizaban para esconder a los indocumentados y allí arrestó a los acusados Agustín y Bautista, en tanto que De León Gil emprendió la huida.

A bordo de los vehículos, una camioneta Toyota y un carro Chevrolet, aparcados en la referida residencia, había cuatro adultos y dos menores de edad, de nacionalidad haitiana y sin ningún tipo de documentos que avalara su permanencia en el territorio dominicano, por lo que fueron puestos a disposición de las autoridades de la Dirección General de Migración.

Otros seis indocumentados estaban escondidos en habitaciones y en el sótano de la residencia.

Durante el juicio, la fiscal litigante Jenniffer Rodríguez presentó múltiples evidencias y el testimonio de uno de los indocumentados, quien estableció cuándo, cómo y bajo cuáles circunstancias fue traído al país, mientras reconoció e identificó a los acusados como quienes hicieron contacto con él para la operación irregular. También, reveló que pagó una indeterminada suma de dinero por ello.

La condena que emitió el tribunal, integrado por los jueces Rubén Rodríguez, Rubén Darío Cruz Uceta y Jasmín de los Santos, es coherente con la petición y acusación planteada por el Ministerio Público, que presentó contra los acusados cargos por violación a los artículos 1 (F, G y H), 2 y 7 párrafo (A, C, D, y G) de la Ley 137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, específicamente en lo referente al tráfico ilícito de migrantes.

En cuanto al acusado De León Gil, se presentaron cargos adicionales por violentar el artículo 17 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, por cometer robo de identidad, en tanto que usurpó la identidad de otro ciudadano dominicano, conforme al informe emitido por la Junta Central Electoral. Se le acusó además de violación al artículo 14.4 de la Ley 8-92, que pone bajo dependencia de la Junta Central Electoral la Dirección General de la Cédula de Identificación Personal y las Oficinas y Agencias Expedidoras de Cédulas.

Los condenados deberán pagar multas de 150 salarios mínimos del sector público en favor del Estado dominicano.

Las autoridades destacaron “que esta condena envía un mensaje claro, de que quienes se lucran del tráfico ilícito de migrantes, enfrentarán todo el peso de la ley”, al tiempo de advertir que el Ministerio Público mantiene activa la persecución de estas estructuras criminales en todo el territorio nacional.