San Pedro de Macorís, R.D.- El Centro para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos anunció que el 6 de agosto del 2026 se alcanzaron unos 2,465 nuevos casos de sarampión.

La cifra más alta registrada desde 1991 en un país que en el año 2000 reportó extinguida dicha enfermedad.

En el año 1912, el sarampión se convirtió en una enfermedad de notificación obligatoria en los Estados Unidos, lo que requirió que los proveedores de atención médica y los laboratorios tuvieran la obligación de notificar todos los casos diagnosticados.

En los primeros 10 años de notificación se registraron, en promedio, unas 6,000 muertes relacionadas con el sarampión cada año, pero gracias a sus programas masivos de vacunación, la enfermedad fue limitada y erradicada para reemerger actualmente con más fuerza. ¿Por qué? Porque en los Estados Unidos la salud pública ha sido politizada, también la investigación científica y los programas de vacunación que históricamente han sido los responsables de evitar las enfermedades inmunoprevenibles en todo el mundo.

A poco más de la mitad de este año 2026, Estados Unidos ha experimentado 38 brotes de sarampión diagnosticados en niños menores de 5 años y cerca del 10 % de esos niños han necesitado hospitalización.

Los profesionales de la salud en ese país y el resto del mundo, así como las distintas sociedades médicas especializadas, como la Academia Americana de Pediatría, que agrupa a más de 67,000 pediatras y especialistas relacionados con la salud infantil, siguen recomendando la vacunación de niños y adultos con todas las vacunas aprobadas como eficaces y seguras.

Entre estas, la vacuna contra la papera, rubéola y el sarampión, para evitar una infección que, como el sarampión, es responsable de causar neumonía y una pancefalitis esclerosante que cursa con daños neurológicos y cognitivos en los niños que, por no haber sido vacunados, puedan adquirir esta enfermedad viral, la más contagiosa de todas.

Los pediatras y médicos en general no pretendemos obligar a un adulto a vacunarse si no quiere o no lo entiende. Solo nos limitamos a divulgar la historia, los hechos y las evidencias científicas para que cada uno tome la decisión que crea correcta.

Al mismo tiempo, tenemos la obligación de denunciar que a los niños que no pueden decidir se les respete el derecho a vivir en salud, a no morir prematuramente, a no sufrir hospitalizaciones innecesarias o a tener que vivir con las secuelas que producen enfermedades que son prevenibles, proporcionándoles una vacunación oportuna.