Durante años, el turismo de parto se amparó en esa cómoda máxima según la cual lo que no está prohibido está permitido. Mujeres con embarazos avanzados viajaban de Estados Unidos, daban a luz y regresaban con un hijo estadounidense.

Todo perfectamente calculado. Ese enlace terminó. Ahora se juega la visa quien pretende utilizarla para buscar deliberadamente la nacionalidad norteamericana de sus hijos.

Nada que ocultar. El turismo de parto siempre ha tenido una dimensión que trasciende lo migratorio. Buscar para un hijo una nacionalidad distinta de la de sus padres encierra una silenciosa declaración de desconfianza hacia el propio país.

La nacionalidad, decía Borges, es un acto de fe. Es más que un pasaporte poderoso y una fila más corta en migración. La nacionalidad lleva consigo cultura, memoria, lengua, historia y un sentido de pertenencia.

Planificar el nacimiento en otra tierra para garantizar al hijo las ventajas de otra ciudadanía equivale en cierta medida a decirle que se confía más su futuro a una nación ajena que a la propia. Otra cosa naturalmente es la necesidad médica. Un embarazo de alto riesgo puede justificar buscar hospitales y especialistas de primer nivel donde quiera que estén.

Pero eso es medicina, no turismo de parto. Estados Unidos está en su derecho a decidir para qué concede sus visas y de sancionar a quien desnaturalice su propósito. Quienes hicieron del vientre una estrategia migratoria tendrán ahora que calcular mejor el precio.

Quisieron asegurarles a sus hijos un pasaporte estadounidense porque confiaban más en el porvenir de otro país que en el propio. La paradoja es aleccionadora. Buscaron para otros la puerta de entrada de Estados Unidos y pueden terminar cerrándose la suya.

El turismo de parto no es solo una elección de nacionalidad para el vástago, es también un voto de negación de la propia.