San Pedro de Macorís.- La seccional del Colegio de Abogados en San Pedro de Macorís, denunció que la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA), canceló de manera injustificada y en violación a la Ley 41-08 a la doctora Felicia de la Cruz, pese a su condición de servidora de carrera administrativa y quien se desempeñaba como Defensora de los Afiliados en la oficina provincial de esta ciudad.

La doctora Josefina Guerrero presidenta de la entidad, dijo que la Ley 41-08 establece el principio de estabilidad en favor de los servidores públicos de carrera, disponiendo que estos sólo podrán ser destituidos por las causas expresamente previstas en la ley y mediante el cumplimiento estricto del procedimiento disciplinario correspondiente, ya que no existe causa alguna para aperturar proceso en contra de la profesional del derecho.

Indicó que hasta la fecha, no se le ha notificado la apertura de proceso disciplinario alguno, ni se le ha garantizado el derecho de defensa, ni el debido proceso administrativo, derechos que constituyen garantías fundamentales reconocidas tanto en la legislación de función pública como en la Constitución de la República.

La doctora Guerrero, sostuvo que la cancelación de Felicia de la Cruz fue recomendada por el doctor Rafael Nadal, director de la Dida en San Pedro de Macorís, cuya cancelación fue ejecutada sin que mediara una formulación normal de cargos, investigación administrativa previa, derecho a presentar medios de defensa y decisión motivada producto de un procedimiento disciplinario, sino por asuntos políticos, debido a que de la Cruz aparece en una fotografía con el doctor Bernardo Arroyo que fue juramentado en el partido Fuerza del Pueblo en una actividad efectuada en el municipio Quisqueya el domingo15 de febrero de este año, día no laborable.

La presidenta del Colegio de Abogados en esta ciudad, entiende que lo antes expresado, constituye una vulneración directa a la normativa vigente y a los principios de legalidad, razonabilidad y seguridad jurídica que rigen la administración pública, por lo que le pide al licenciado Elías Báez de los Santos, director general de la Dida, al ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, Milagros Ortiz Bosch, Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental y al presidente Luis Abinader, que sea revocada la acción de personal número 6976 por ser contraria a derecho y que se ordene su inmediata reposición en el cargo que ocupaba, con el pago de los salarios dejados de percibir por la doctora de la Cruz.