SANTIAGO, R.D. (VIPRENSA).-
La Oficina Judicial de Servicios de Atención
Permanente de este distrito judicial, válido la
solicitud, y la calidad y contundencia de las
pruebas e impuso prisión preventiva contra los
cabecillas de la estructura criminal que la
Operación Colibrí puso al descubierto, y que
poniendo en riesgo la seguridad jurídica del país,
incurrieron en falsedad de documentos públicos y
otros crímenes.
Las decisión de la jueza Iris Sugelly Borgen
Santana, sugiriere que la organización criminal no
sólo incurrió en delitos graves, como advirtió en su
solicitud el Ministerio Público, sino que además
fueron un camino para la comisión de otros crímenes,
por lo que declaró el proceso de tramitación
compleja e impuso prisión preventiva durante 18
meses a los procesados cabecillas de la estructura,
advirtiendo el tribunal de la estrecha vinculación
de todos los implicados y subrayando que “este tipo
de estructuras no se forman de la noche a la
mañana”.
La prisión preventiva por 18 meses se impuso contra
Luis Manuel Rodríguez Taveras, William Ramón
Rodríguez Rodríguez, Samuel Elias Ceballos Ramos,
Ana Delia Isidra Tavarez Soto, Tomas Enmanuel
Rodríguez Guzmán, Julio César Almonte Espinal,
Arsenio Reyes y José Carlos Montero Troncoso.
Además de las ocho prisiones, se impusieron
garantías económicas a saldar mediante contratos por
un monto de $500,000 pesos cada uno para los
imputados José Alfonso Acevedo García, José Rosario
Marte, Yanuel Morales, Noel de Jesús Padilla Minaya,
José Miguel Cruz Hiraldo, Rubén Amaurys Ramírez y
Rubén Darío Núñez Ortega.
Este último grupo acudirá periódicamente por ante la
Fiscalía los días 17 de cada mes, y tienen
impedimento a salir del país, sin previa orden
judicial.
El próximo martes, a las 3:00 de la tarde, el mismo
tribunal se abocará a conocer la solicitud de medida
de coerción contra el imputado Fausto Merán, quien
será asistido por un defensor público, debido a que
su defensa técnica abandonó el proceso en plena
audiencia.
Los implicados falsificaron actas de nacimiento,
cédulas de identidad, títulos universitarios y de
propiedad, licencias de conducir, licencias para el
porte de armas, entre otros documentos públicos.
La Fiscalía de Santiago trabaja junto a la Dirección
General de Persecución del Ministerio Público y la
Policía Nacional, en la investigación, con el apoyo
de la Junta Central Electoral, uno de los organismos
cuyo sistema se vio vulnerado por los imputados.
La irrefutable imputación del Ministerio Público,
representado durante la audiencia por las fiscales
Sourelly Jáquez Vialet, Yeny Liranzo, Esther
González y Elvin Ventura, llevó a tres de los
imputados a admitir los delitos, poniéndose a
disposición del órgano investigador y a
comprometerse con colaborar con la investigación.
La jueza destacó la exposición del delito de
falsificación de un documento público y como esta
“simple posesión”, como entiende puede verse, de una
certificación irregular puede dar lugar a numerosos
actos contrarios a la ley.
El Ministerio Público, haciendo uso de numerosas
diligencias de investigación, incluyendo la figura
del agente encubierto o investigador bajo reserva,
que bien valoró el tribunal, se extendió durante más
de un año en la identificación de los miembros de la
estructura, el rol que desempeñaba cada uno, la
recolección de datos y el alcance de sus
ejecuciones.
El tribunal valoró la calidad y la contundencia de
las pruebas aportadas en esta etapa inicial y otorgó
un plazo de ocho meses para que se deposite
acusación formal contra los implicados.
Entre las pruebas materiales, el Ministerio Público
aportó plásticos para la impresión de cédulas,
carnet, licencias de conducir y para el porte de
armas de fuego; también títulos de propiedad
falsificados, entre otros elementos que constituyen
una irrefutable demostración de la implicación de
los detenidos con los hechos.
Los imputados se enfrentan a cargos penales
descritos en los artículos 265, 266, 145, 147, 148,
150 y 151 del Código Penal Dominicano; también los
artículos 13 y 14 numeral 4 de la Ley 8-92 sobre
Cédulas de Identidad y Electoral; artículos 86 y 88
de la Ley 172-13 sobre Protección Integral de los
Datos Personales; artículo 6 párrafos 17, 18 y 19 de
la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta
Tecnología.
En adición, contra Acevedo García, se presentan
cargos por la violación a los artículos 66 y 67 de
la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas
de Fuego y Materiales Relacionados.