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LIMA, PERÚ (VIPRENSA).- El Congreso de Perú aprobó el
miércoles a primera hora de la tarde la vacancia constitucional
contra el presidente Pedro Castillo, en una votación que contó con
101 votos a favor de la medida.
"Defendiendo nuestra democracia y la Constitución, el #PlenoDelCongreso
aprobó, con 101 votos a favor, la vacancia contra el presidente
Pedro Castillo", informó el Congreso por medio de un tuit. Más
tarde, también compartió en redes la resolución que declara la
vacancia Castillo.
La decisión tuvo lugar poco después de que Castillo anunciara en
horas de la mañana la disolución del Congreso, en un momento en que
enfrenta varias acusaciones por actos de corrupción.
Durante la sesión plenaria, la vicepresidenta Dina Boluarte, cuya
asunción al poder estaba aún por llegar, rechazó además la decisión
de Castillo de suspender el Congreso.
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de excepción" y llama a elecciones
“Rechazo la decisión de Pedro Castillo de perpetrar el quiebre del
orden constitucional con el cierre del Congreso. Se trata de un
golpe de Estado que agrava la crisis política e institucional que la
sociedad peruana tendrá que superar con estricto apego a la ley”,
aseguró Boluarte.
Boluarte asume la presidencia
Apenas un par de horas más tarde, Boluarte asumió la jefatura de
Estado anunciado la convocatoria de elecciones legislativas y la
reorganización del Poder Judicial, la Fiscalía General y el Tribunal
Constitucional.
“Desde este momento hasta el 27 de julio de 2026, defenderé la
soberanía nacional, la idoneidad física y moral de la República y la
independencia de las instituciones democráticas, cumpliré y haré
cumplir la Constitución y las leyes del Perú, reconoceré la libertad
de culto y la formación plural y moral de los peruanos", señaló
Boluarte al momento de jurar ante José Williams, titular del
Parlamento.
"Asumo el cargo de presidenta siendo consciente de la
responsabilidad que me toca, y mi primera invocación es convocar a
la más amplia unidad de todas y todos los peruanos. Nos corresponde
conversar, dialogar, ponernos de acuerdo, algo tan sencillo como tan
impracticable en los últimos meses”, agregó la nueva mandataria.
Luego, Boluarte se dirigió a la oposición para una “tregua política”
en lo que serán sus primeros meses de administración. "Lo que
solicito es un plazo, un tiempo valioso, para rescatar a nuestro
país de la corrupción y el desgobierno. Mi primera medida será
enfrentar a la corrupción en todas las escabrosas dimensiones",
apuntó.
Finalmente, la presidenta de Perú pidió a la Fiscalía General y a la
Contraloría a que sigan con las investigaciones de los presuntos
actos de corrupción de la gestión de Castillo.
Castillo, bajo custodia policial
Tras la decisión del Congreso, Castillo fue detenido por la Policía
cuando abandonaba el Palacio de Gobierno. El ya expresidente de Perú
fue trasladado a la prefectura de Lima, a donde llegó la fiscal
general, Patricia Benavides, para recoger sus descargos por haber
tomado la decisión de disolver el Parlamento.
Castillo se encuentra acompañado por Aníbal Torres, quien se
desempeñó como su ministro de Justicia y titular del Consejo de
Ministros hasta hace unas semanas. Benji Espinoza y Eduardo Pachas,
quienes eran sus abogados en los diversos procesos en la Fiscalía,
renunciaron tras el anuncio del expresidente de disolver el
Congreso.
Fuentes del Ministerio Público señalaron a la Voz de América que la
Fiscalía General solicitará la prisión preventiva para Castillo por
el presunto delito de conspiración al tratar de cerrar el
Parlamento, cuya pena de cárcel podría ser de 20 años. Además, las
seis investigaciones por casos de corrupción de su gobierno
avanzarán más rápido.
La tesis del Ministerio Público es que Castillo sería el presunto
jefe de una organización criminal "enquistada" en el Estado por los
casos Puente Tarata III y Petroperú. También estarían involucrados
sus exministros Juan Silva (Transportes) y Geiner Alvarado
(Vivienda).
Castillo también es investigado por ascensos irregulares en las
Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en noviembre del año pasado;
así como por un "presunto encubrimiento" para no atrapar a los
prófugos de su gobierno, entre ellos a Bruno Pacheco, quien fue
secretario personal, y el supuesto plagio en su tesis de maestría.
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