SANTO DOMINGO, R.D. (VIPRENSA).- El Tribunal Superior Administrativo
(TSA), acogió un recurso Contencioso Administrativo, radicado por la
Fundación Justicia y Transparencia (FJT), anulando la resolución de
la Súper Intendencia de Electricidad (SIE), Núm. SIE-093-2021-TF,
del 27 de octubre de 2021, decretando para los meses de noviembre y
diciembre un aumento en la tarifa eléctrica de un 5% en promedio.
La cuarta sala del Tribunal Superior Administrativo, compuesta por
los magistrados Franklin Concepción, Bayoan Rodríguez e Ismael
Ramírez, fallo a unanimidad el referido recurso, estableciendo que
la SIE, incurrió en vicio de forma, al inobservar y violar el debido
proceso administrativo y el derecho fundamental de la participación
de los ciudadanos en los actos administrativos, todo ello en
desconocimiento de los artículos 69.10 y 138.2 de la constitución,
además del artículo No, 31 de la ley 107-13, sobre los derechos de
las personas en su relación con la administración.
Los abogados actuantes, Trajano Potentini, Henry Adames, César Noboa
y Juan Tomas García, pese a no ser complacido en la totalidad de los
pedimentos en el TSA, saludaron la decisión, en el entendido de que
la misma deja sin efecto, por lo menos en inicio, un cobro de casi
800 millones de pesos, percibidos por las empresas distribuidoras de
energía eléctrica (EDES), EDENORTE, EDESUR Y EDEESTE, de manera
ilegal e inconstitucional, como en su momento la entidad de sociedad
civil lo había planteado.
La FJT explicó que, de conformidad con datos servidos, por el
Ministerio de Energía y Minas, bajo la denominación de informe de
desempeño, en su página web, en la siguiente dirección:https://mem.gob.do/category/sector-electrico/informe-de-desempeno/
donde informan que la facturación de los meses, noviembre y
diciembre del 2021, ascendieron a 7,914 millones y 8,083 millones de
pesos respectivamente, con un incremento estimado en un 5%, por
efecto de la anulada resolución Núm. SIE-093-2021-TF, (395.7 en
noviembre y 404.2 en diciembre), para un total de casi 800 millones
de pesos, cobrados de forma ilegal, imponiéndose la obligación de
devolver a los usuarios la referida cantidad.
El presidente de Justicia y Transparencia, Trajano Potentini recordó
que, desde el pasado año, a inicio de los aprestos por parte del
gobierno, para incrementar la factura eléctrica, cada tres meses,
hasta el año 2026, bajo el fundamento de la firma del Pacto
Eléctrico, la entidad cívica y otras instituciones, como el
Observatorio Dominicano de Políticas Públicas de la Universidad
Autónoma de Santo Domingo (ODPP-UASD), le salieron al frente,
incoando varias acciones judicial, conjuntamente con el sector
social que participó en las discusiones del Pacto Eléctrico, dentro
de las que se destacan, recursos ante el Tribunal Superior
Administrativo y Constitucional, aun a la espera del fallo,
cuestionando precisamente la ilegalidad del Pacto Eléctrico ,
firmando sin haberse concluido, además de la no aprobación del
sector social al negarse a firmarlo.
De igual forma advertimos de que el incremento en la tarifa
eléctrica, para premiar y esconder la improvisación y mala
administración en el sector (con aumentos de salarios y personal
súper numerario), traería consigo un estallido social, además de la
quiebra y descalabro, circunstancias hoy presentes y que llevaron al
propio presidente de la república, Luis Abinader a dejar sin efecto
los aumentos de los últimos meses de la factura eléctrica, todo ello
refrendado por los escandalosos aumentos, también de los salarios de
los directivos de algunas de las instancias del sector eléctrico,
llevando incluso, al Superintendente de Electricidad a renunciar.
ODPP-UASD insta al gobierno a devolver y revertir todos los aumentos
de la tarifa eléctrica por ser también violatorios a las leyes y
constitución.
Finalmente, la FJT, conjuntamente con el Observatorio Dominicano de
Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (ODPP-UASD),
se hicieron acompañar de varios integrantes del sector social,
dentro de ellos, la Hermandad de Pensionados de la CDE (HEPECOPDE),
Articulación Campesina, Asociación Dominicana de Educación para la
Protección del Consumidor (ADEPROCC), y el Consejo Dominicano por la
Defensa de los Derechos de la Educación (CONDETRE), acreditados en
el aún inconcluso y cuestionado Pacto Eléctrico, quienes
garantizaron que se mantendrán en guardia y luchando para encauzar
por la institucionalidad y la transparencia el manejo de la cosa
pública en el sector eléctrico, además Fernando Peña, en
representación del ODPP-UASD, insta al gobierno, a que devolver la
totalidad de todo lo cobrado hasta la fecha, amparado en las
sucesivas resoluciones de las SIE, las cuales indefectiblemente
siguen la misma lógica de violación a los procedimientos
administrativos y constitución de la república, como bien lo
establece la referida sentencia.
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