WASHINGTON (VIPRENSA).-
La Corte Internacional de Justicia de La Haya espera
que Venezuela presente su contramemoria sobre su
controversia con Guyana. Los venezolanos respaldaron
en un referendo desconocer la jurisdicción del
tribunal en el caso, como propuso el chavismo.
El gobierno de Nicolás Maduro deberá decidir si
acude ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ)
de La Haya para defender su potestad territorial
sobre el Esequibo o si se ausenta, desconociendo su
jurisdicción sobre el asunto como sugieren voceros
del chavismo tras un referendo consultivo sobre el
tema.
Por el momento, esa próxima cita jurídica es una
moneda al aire para Caracas.
La Corte Internacional de Justicia tiene una fecha
resaltada en su calendario en el marco de su examen
de la controversia territorial entre Venezuela y
Guyana: el 8 de abril de 2024. Es un día “crucial”
del caso, a pesar de la resistencia de Caracas a
reconocer la jurisdicción del máximo tribunal de las
Naciones Unidas en el conflicto, advierten
especialistas consultados por la Voz de América.
La Corte, cuyos jueces suelen recordar que sus
decisiones son legalmente vinculantes y finales, han
fijado para la fecha una audiencia en la cual el
Estado venezolano debe desplegar “su mejor defensa”
para contrarrestar la validez del Laudo Arbitral de
París, de 1899, que defiende Guyana, explica el
abogado especialista en derecho internacional y
diplomacia, Mariano de Alba.
Según todos los gobiernos venezolanos desde el siglo
XX, ese laudo es “nulo e írrito” como documento en
cuanto a la potestad territorial sobre el Esequibo,
una zona de 159.000 kilómetros cuadrados rica en
minerales y recursos petroleros.
Guyana solicitó en marzo de 2018 a la Corte
Internacional de Justicia que iniciara un proceso
contra Venezuela, pidiéndole que confirme la validez
jurídica y vinculante del laudo de París, favorable
para su reclamo.
Fue el secretario general de la ONU, António
Guterres, quien opinó en 2017 que ese debía ser el
mecanismo para zanjar la disputa.
Venezuela, en cambio, insiste en que el diferendo
debe resolverse según el Acuerdo de Ginebra, de
1966, que establece varios mecanismos para hallar
una solución satisfactoria para ambas partes según
la Carta de las Naciones Unidas.
Medidas tomadas por Venezuela
El mes pasado, la CIJ ordenó a ambos países no
agravar la controversia, asegurando en su
pronunciamiento que Guyana “administra y controla”
el territorio en disputa y llamando a Venezuela a
“abstenerse de cualquier acción que modifique tal
situación” hasta que haya sentencia.
Días después, el gobierno de Maduro ganó un
referendo consultivo sobre el Esequibo, donde 95 %
de los votantes dijo estar de acuerdo con desconocer
la jurisdicción y un porcentaje aún mayor respaldó
que se use el Acuerdo de Ginebra para solucionar el
diferendo.
Este martes, Maduro anunció una retahíla de medidas
que incluyen la creación legislativa del nuevo
estado Guayana Esequiba, la designación de una
autoridad única, la puesta en marcha de una zona
especial militar y el permiso a la estatal petrolera
PDVSA de que otorgue licencias energéticas para
explotar los recursos del territorio en reclamación.
También, dio tres meses para que "se retiren" las
compañías petroleras autorizadas por Guyana para
operar en aguas en disputa.
A pesar del resultado y de que el presidente Nicolás
Maduro defiende que el referendo es vinculante, de
Alba, por su lado, insiste en que el 8 de abril de
2024 sigue siendo una fecha “crucial” para una
inminente sentencia sobre el caso.
“El Estado venezolano debe desplegar su mejor
defensa presentando un extenso y bien fundamentado
escrito de alegatos y pruebas, que le demuestren a
los jueces de la Corte que el laudo arbitral de 1899
no es válido”, explica a la VOA.
La esperada “contramemoria”
Ese documento que Venezuela debe presentar dentro de
pocos meses ante la CIJ se conoce como “contramemoria”.
Es un escrito extenso que detalla los alegatos y las
pruebas documentales desde el punto de vista
venezolano sobre lo argumentado por Guyana,
específicamente referidos al Laudo Arbitral de
París.
De Alba precisa que debe incluir los antecedentes
del caso, los argumentos y pruebas “que demuestran
que el laudo arbitral de 1899 no es válido”, así
como las consecuencias de la nulidad del laudo en el
territorio en disputa.
En el documento, también deberían exponerse “los
derechos de Venezuela que fueron desconocidos por el
laudo de 1899” y su efecto, tanto como una
recapitulación de cómo Venezuela ha actuado conforme
al derecho internacional pese al laudo adverso,
acota el experto en diplomacia.
Venezuela deberá especificar a la Corte qué es lo
que quiere que decida y, si fuese el caso, puede
introducir una contrademanda, expone.
Según de Alba, las pruebas deberían incluir todos
los documentos históricos oficiales que soportan el
caso desde la perspectiva venezolana, las leyes y
regulaciones nacionales relevantes al caso y una
explicación de los tratados y acuerdos entre ambos
países y con el Reino Unido que guarden relación con
la prolongada disputa.
Otros anexos que Venezuela debería presentar el 8 de
abril son notas diplomáticas, documentos militares,
declaraciones juradas, reportes de prensa y
cualquier otro documento relevante al caso desde la
perspectiva de Caracas.
“Venezuela también puede presentar material
audiovisual y fotográfico relevante”, añade el
experto en derecho internacional.
¿Qué pasa si Venezuela se ausenta?
Una vez que se presente la contramemoria, se prevé
que la Corte llame a una audiencia para que
Venezuela y Guyana presenten sus argumentos de forma
oral.
“Si no surgen más incidencias, ya luego la disputa
quedaría pendiente de resolución por la Corte
Internacional de Justicia”, adelanta de Alba.
El diputado Hermánn Escarrá, un abogado con
ascendencia en las cúpulas del chavismo que
participó en la discusión de las 5 preguntas del
referendo, dijo antes de que se conociera la
consulta que Venezuela sí acudiría a la CIJ en
abril.
Escarrá, quien preside una comisión legislativa para
defender la Guayana Esequiba, dijo en agosto que
Venezuela presentaría 135 títulos que comprueban su
soberanía sobre la zona en reclamación.
Entre los documentos que ha conocido la comisión
liderada por Escarrá, se encuentran escritos de la
Capitanía General de Venezuela, de 1767, que
probarían el argumento de Caracas, apuntó una nota
de la Asamblea Nacional.
Sin embargo, el referendo consultivo abre la puerta
a la posible ausencia de Venezuela en esas citas
ante la Corte Internacional de Justicia, siendo que
los votantes que participaron respaldaron desconocer
su jurisdicción en el caso.
Según Maduro, esa consulta es “un mandato popular
obligante y vinculante”. Este martes, dijo que su
país "no reconoce ni reconocerá nunca" la
jurisdicción de la CIJ para sentencia alguna sobre
la Guayana Esequiba.
Si Venezuela no presenta la contramemoria, el juicio
sobre el Laudo de 1899 y el caso Esequibo seguirá su
curso en ese tribunal, advierte de Alba, por su
parte.
En ese caso, los jueces de la CIJ “tendrán que hacer
un esfuerzo de considerar la perspectiva venezolana
de la disputa” para decidir sobre la controversia,
pero ese contexto podría beneficiar en definitiva al
país vecino, observa.
“Es evidente que Guyana tendrá mayores posibilidades
de obtener un fallo favorable” si Venezuela no
presenta su contramemoria el 8 de abril de 2024 o si
se ausenta de las audiencias posteriores a las que
convoquen los jueces, apunta.
El chavismo en los poderes ejecutivo, legislativo y
judicial de Venezuela promovió el consultivo sobre
el Esequibo luego del otorgamiento de concesiones de
proyectos energéticos por parte de Guyana en zonas
marítimas que, según Caracas, forman parte del
territorio en reclamación desde hace décadas.