SANTO DOMINGO, R.D. (VIPRENSA).- Mediante el Decreto 668-22, de este
viernes 11 de noviembre, el Presidente Luis Abinader dispuso una
serie de medidas para prevenir y perseguir las invasiones y
ocupaciones irregulares de la propiedad privada y del Estado.
El Decreto dispone de manera particular que los extranjeros que sean
debidamente procesados serán expulsados conforme a las atribuciones
constitucionales del Presidente para ello y no podrán regresar al
país, para lo cual se dan instrucciones a una serie de órganos como
el Ministerio de Interior y Policía, el Ministerio de Relaciones
Exteriores, la Dirección General de Migración y la Policía Nacional.
Algunas de las medidas adoptadas consisten en la creación de una
unidad especializada en la Policía Nacional para la prevención y
persecución de las invasiones y ocupaciones irregulares de la
propiedad privada y del Estado.
En el mismo tenor, se instruye al Ministro de Interior y Policía y
al director general de la Policía Nacional, para que en el marco del
debido proceso y de conformidad con la ley, procedan con la
persecución y sometimiento a la justicia de aquellos extranjeros que
participen en ocupaciones ilegales de terrenos de propiedad privada
o propiedad del Estado.
En relación con los extranjeros a los que se compruebe la comisión
de violaciones de propiedad privada, se instruyó también al director
general de Migración para que ejecute su expulsión del país e impida
de manera definitiva a personas en estas circunstancias ingresar
nuevamente a territorio nacional.
Respecto a esta última medida, se dispuso por igual que el
Ministerio de Relaciones Exteriores instruya a los consulados de la
República Dominicana establecidos en los países de origen de los
ciudadanos extranjeros que incurran en la violación de la ley que
señala el presente Decreto, a establecer un registro particular, con
el propósito de que estos ciudadanos no puedan optar jamás por
ningún tipo de visado o permiso de entrada al territorio de la
República Dominicana, así sea en calidad de turista o de residente.
El referido Decreto resaltó que es de alto interés para la presente
Administración la preservación de la seguridad nacional y el orden
público, así como la protección del derecho de propiedad consignado
en el artículo 51 de la Constitución de la República.
Asimismo, se señala que el Gobierno dominicano ha luchado durante
años por asegurar la efectiva tutela del derecho de propiedad, que
resulta hoy en día particularmente relevante para fortalecer la
seguridad jurídica, por lo que deben tomarse todas las medidas
necesarias para impedir las ocupaciones irregulares o invasiones a
la propiedad privada.
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