SANTO DOMINGO, R.D. (VIPRENSA).- El abogado Juan Miguel
Castillo Pantaleón afirmó que aunque una gran parte de los haitianos
que ingresan a la República Dominicana lo hace de manera ilegal, el
negocio de la venta de visas por parte de los cónsules dominicanos
en Haití se ha convertido en otra forma de tráfico humano.
Castillo Pantaleón expresó “eso es un mercado de corruptelas. No hay
faceta alguna, incluso la migración legal, que no esté marcada por
la disfuncionalidad del Estado dominicano y la falta de visión en
una política migratoria integral… la corrupción que circunda
alrededor del tráfico humano es sumamente lucrativa y deja más
dinero que las drogas”.
Entrevistado en el programa Toque Final con Julio Martínez Pozo, que
se transmite por Antena 7, el jurista dijo que el deseo de toda
persona que ve en su país todas las posibilidades de desarrollo
humano cerradas busca mejores horizontes y lo que está haciendo la
población haitiana es huir de una situación de disolución del Estado
haitiano.
Precisó que la migración debe ser ordenada y que el tema de la
pérdida del control del territorio, con todo el efecto caótico y la
ineficacia de la autoridad, es consecuencia del desbalance
poblacional cuando el país permite la inmigración en forma
descontrolada y es parte de la irresponsabilidad de las políticas
públicas.
Ante los conflictos presentados en la Ciudad Juan Bosch y las
denuncias de que la Dirección General de Migración y decenas de
dominicanos que han protestado están violando los derechos humanos,
el abogado Castillo Pantaleón aseguró que la protesta se enmarca
dentro del ejercicio de sus facultades como ciudadanos dominicanos,
porque el derecho a la protesta pacífica está garantizado
constitucionalmente.
“Cuando un grupo de dominicanos sale por las calles con la Bandera
Nacional reclamando la expulsión de extranjeros en condición
migratoria ilegal y exigiendo a las autoridades que cumplan con su
deber, están ejerciendo esa ciudadanía responsable. Vergüenza debe
de darle a las autoridades dominicanas y a todo el que diga que eso
es incorrecto”, manifestó.
El experto explicó que los proyectos habitacionales que de carácter
social el gobierno construye tienen un marco jurídico que proviene
de la época del gobierno de Trujillo, el primer régimen que
construyó proyectos habitacionales dirigidos a sectores humildes
llamados “Proyectos Habitacionales de Mejoramiento Social”.
Informó que sobre ese marco jurídico hay restricciones para la
ocupación de esas viviendas, construidas y subvencionadas por los
impuestos que pagan los dominicanos, que sólo pueden ser habitadas
por los beneficiarios que buscan la desarrabalización de distintas
áreas y hacen práctico el ejercicio de derecho a la vivienda de los
más humildes, quienes están en la capa más deprimida de la economía
de la nación.
Agregó que en esa legislación tales bienes son conocidos como de
familia y, por lo tanto, las autoridades correspondientes deben de
verificar que esos proyectos habitacionales estén ocupados por los
beneficiarios. “No son para alquilarlos y mucho menos para venderlos
porque la ley prohíbe el traspaso de esas viviendas. Esa situación
es una muestra de la falta de supervisión e irresponsabilidad de las
autoridades”, enfatizó.
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