SANTO DOMINGO, R.D. (viprensa).- El Consejo Nacional de Migración,
durante una reunión donde participó el presidente Luis Abinader, en
el salón Los Trinitarios del Palacio Nacional, tomó a unanimidad
varias medidas en cumplimiento de las normas migratorias de la
República Dominicana.
Al término de la reunión, el ministro de Interior y Policía
Jesús-Chu-Vásquez, en calidad de vocero del organismo, manifestó que
las empresas o empleadores dispone de un plazo de tres meses para
que regulen a sus trabajadores extranjeros, en cumplimiento de la
Ley No. 285-04 y su Reglamento de Aplicación No. 631-11.
Indicó que una vez vencido el plazo límite anteriormente descrito,
todas las empresas o empleadores que requieran los servicios
laborales de ciudadanos extranjeros, deberán contratarlos de
conformidad con los parámetros legales establecidos en la normativa
migratoria y laboral de la República Dominicana.
Agregó que para ello deben cumplir con el procedimiento y los
requisitos establecidos a tales fines en la Ley y el Reglamento
mencionados anteriormente.
Asimismo, dijo que, tan pronto se venza el plazo de desmonte, se
ejecutará el régimen de sanciones aplicables a empresas y
empleadores, de acuerdo con el artículo 132 de la Ley General de
Migración, que impone sanciones de multas de cinco (5) a treinta
(30) salarios mínimos a quienes contraten o proporcionen trabajo a
ciudadanos extranjeros ilegales o no habilitados para trabajar en el
país.
El Ministerio de Interior y Policía es el que coordinará con el
Ministerio de Trabajo, a través de la Dirección General de Trabajo
de este último, la vigilancia y el cumplimiento de los artículos del
135 al 140 del Código de Trabajo de la República Dominicana, los
cuales establecen la proporcionalidad de trabajadores extranjeros
contratados por una empresa o empleador.
El Estado dominicano tomará todas las medidas necesarias, en
cumplimiento de la Ley, para evitar el ingreso a la República
Dominicana de todo ciudadano o ciudadana de nacionalidad extranjera
que implique una carga irrazonable para las finanzas públicas,
incluyendo mujeres que se encuentren en estado de comprobada
gestación igual o posterior a los seis meses.
También se destacó que el Ministerio de Interior y Policía tiene la
misión de velar por el cumplimiento de la Ley General de Migración y
aplicar la política migratoria del Estado dominicano como organismo
que ostenta la presidencia del Consejo Nacional de Migración.
“Entendemos que un tema tan descuidado por muchos años requiere de
un gran esfuerzo de consenso entre los actores públicos y privados
para lograr que los usos y costumbres cumplan con las obligaciones y
límites que impone nuestro ordenamiento jurídico en materia
migratoria”, expresó Vásquez.
Concluyó diciendo que el Gobierno tiene el compromiso de cambiar
esta situación, porque no es posible continuar con una práctica que
pone en riesgo las posibilidades de un verdadero desarrollo para
todo el pueblo dominicano.
En la rueda estuvieron presentes el ministro de Defensa, Carlos
Luciano Díaz Morfa; de Salud, Daniel Rivera; de Obras Públicas,
Deligne Ascensión; la directora de Control Migratorio, Lianny
Vásquez, y el senador de La Altagracia, Virgilio Cedano Cedano,
entre otros.
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