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VERACIDAD INFORMATIVA-SPM, R.D.- La voluntad política delineada
y orientada hacia el rescate de los bienes públicos robados en la
República Dominicana, es un paso de avance significativo, que
contribuirá en el corto plazo, a afianzar nuestras instituciones.
El paquete de medidas anunciadas por el presidente Luis Abinader, en
el orden institucional y de fortalecimiento de los dispositivos de
lucha contra la corrupción, merece el respaldo de toda la sociedad.
Por primera vez en la historia democrática del país se aprecia una
voluntad política, moral e institucional promovida y ejecutada desde
las altas instancias del poder, con miras a adecentar la
administración del Estado.
“El Plan Integral de Reformas Institucionales” es una novedosa
iniciativa que, de ser respalda por los principales actores
políticos, económicos, legislativos, congresuales, sociales y
religiosos, hará un extraordinario aporte a la convivencia
organizativa y adecentamiento nacional.
Con ello, el Poder Ejecutivo da señales claras de su compromiso e
interés por devolverle a la población dominicana el patrimonio
saqueado durante décadas, factor determinante en el aumento de la
pobreza y marginalidad social.
La reorganización institucional teniendo como eje central el combate
a la corrupción, va a permitir mayores controles, y un monitoreo
permanente sobre el manejo de las instituciones públicas.
Abinader detalló que a través de propuestas, leyes, reglamentos y
decretos creará las bases de un nuevo Estado, uno fuerte, plural y
transparente, en el que el ciudadano constituya el centro de la
atención pública.
La lucha contra la corrupción asumida por el actual gobierno, tendrá
de soporte un paquete de reformas institucionales, cuyo objetivo
primario es blindar desde un soporte legal, a las principales
instituciones gubernamentales.
A partir de ahí, el esfuerzo de las autoridades estará orientado a
revertir el proceso de deterioro institucional que gravita
poderosamente contra la nación, lo que ha llevado a Transparencia
Internacional, colocarnos entre los países más corruptos de América
Latina.
Gabinete de Transparencia
“Asumo el compromiso de impulsar una reforma constitucional para
convertir el apartidismo como criterio garante de la independencia
del Ministerio Público y en un legado institucional duradero”, dijo
Abinader en un encuentro efectuado en el Palacio Nacional, en
ocasión del Día Internacional de la Lucha Contra la Corrupción.
Anunció la creación del Gabinete de Transparencia, Prevención y
Control del Gasto Público, encabezado por la doctora Milagros Ortiz
Bosch, actual directora de Ética e Integridad Gubernamental.
Entre otras disposiciones del gobierno para el rescate institucional
del país, están:
-Modificación a la ley de Compras y Contrataciones Públicas para
mitigar riesgos en las compras y contrataciones del Estado.
-La modificación de la Ley 10-07 que instituye el Sistema Nacional
de Control Interno y de la Controlaría General de la República, para
realizar auditorías internas por lo menos una vez al año a todas las
instituciones públicas.
-Creación de una subdirección antifraude dependiente de la
Contraloría General para la realización de inspección permanente en
todas las áreas de gobierno.
-Modificación de la Ley 10-04 de la Cámara de Cuentas, a fin de
adecuarla al marco constitucional vigente y otorgarle mayor
autonomía presupuestaria y de control.
-Apoyo a los legisladores en el proceso de reforma institucional del
Congreso para reencauzar la asignación discrecional de fondos
públicos, fortaleciendo, de este modo, las labores de representación,
fiscalización, control y legislación conferidas por la Constitución
“de modo que los llamados ´barrilitos´ sean eliminados de manera
definitiva”.
Ley General de Publicidad
-La aprobación de la Ley General de Publicidad Estatal para
establecer los criterios en el uso de los recursos que el Gobierno
destina a la publicidad y para fiscalizar la transparencia en la
contratación de esos servicios.
-Creación de una comisión de revisión y reestructuración de
programas destinados a la protección y asistencia social, que
presentará en 90 días un anteproyecto de ley para crear un organismo
que concentre, gestione y supervise todos los programas.
Otras iniciativas que impulsará el gobierno de Abinader, para
ejecutarse mediante decretos son la creación de un portal único de
transparencia que recogerá toda la información relativa a la
actividad de las instituciones del Gobierno, la aplicación de la Ley
General de Libre Acceso a la Información Pública, para que sus
disposiciones se conformen al estándar interamericano para que los
ciudadanos tengan mayor acceso a la información.
“Estas iniciativas buscan blindar desde el punto de vista legal a
las principales instituciones de la democracia dominicana, de manera
que a partir de su aprobación podamos decir que el futuro de nuestra
República jamás dependerá del capricho o de los intereses de un
líder, o de un partido político concreto”, expuso el Jefe de Estado.
¿Hacia la decencia y combate anticorrupción?
La decisión del juez José Alejandro Vargas de dictaminar prisión
preventiva contra un hermano del ex presidente Danilo Medina Sánchez,
y de otros acusados de estafar al Estado, es un hecho histórico, que
impactará en nuestras instituciones.
Alexis Medina Sánchez y su hermana Carmen Magalys, conjuntamente con
otros nueve imputados están implicados en una red corruptiva, que
drenó las arcas públicas por miles de millones de pesos, según la
Operación Anti Pulpo encaminada por el Ministerio Público.
Siete de esos sindicalizados en la estructura mafiosa guardarán
prisión preventiva por tres meses, tal como lo explicó el juez del
Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, quien declaró
el caso complejo.
Estarán en prisión preventiva por tres meses Alexis Medina, señalado
como el líder del entramado; Francisco Pagán Rodríguez, ex director
de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe);
y Aquiles Alejandro Cristofer Sánchez.
Por igual, Julián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona
y Wacal Vernavel Méndez Pineda, también cumplirán tres meses en
prisión.
Asimismo el juez Vargas dispuso que Carmen Magalys Medina Sánchez,
el ex ministro de Salud Pública, Lorenzo Wilfredo “Freddy” Hidalgo
Núñez, tendrán un localizador electrónico y vigilancia. Además
impedimento de salida.
Hidalgo Núñez, deberá pagar además 10 millones de pesos, de acuerdo
al dispositivo de las autoridades judiciales.
Las bocinas jurídicas y comunicacionales, defensora de los imputados
en la red mafiosa que estafó al Estado con miles de millones de
pesos, serán pulverizadas y sepultadas por la historia.
Ellos, tendrán ahora que pensarlo bien antes de intentar seguir
desdeñando el irrefutable expediente presentado por el Ministerio
Público, que nos encausa por primera vez en la historia del país, en
los rieles de una Justicia Independiente.
Perversidad de un Entramado
La pieza jurídica no deja dudas sobre la culpabilidad y perversidad
del entramado corruptivo, auspiciado, alentado y promovido por el
gobierno del ex presidente Danilo Medina Sánchez.
Las 267 páginas del minucioso y detallado documento, ilustran
fehacientemente, la magnitud del saqueo a que fue sometida la
sociedad dominicana en los últimos ocho años.
El pueblo, expectante, siguió cada detalle del desmenuzamiento de
ese fardo de pruebas, que inequívocamente ha presentado el
Ministerio Público ante el juez del Juzgado de Atención Permanente
del Distrito Nacional, Alejandro Vargas, quien conoció la medida de
coerción de Operación Anti Pulpo.
La gente tiene grandes expectativas sobre la persecución de la
justicia contra los depredadores de los bienes públicos,
responsables de la miseria que azota a millares de hombres y mujeres
en el país.
El festín corruptivo que predominó en las instituciones públicas en
las últimas dos décadas desde las entrañas del poder político, se
encamina a recibir una estocada mortal, para reivindicar
orgullosamente el valor intrínseco de la honestidad.
A partir de ahora, ¿estaremos transitando la ruta del respeto a las
leyes y a las instituciones dominicanas? Por lo menos, se espera que
se haga justicia.
La credibilidad del país y del sistema democrático está en
cuestionamiento ante tantos años de corrupción, sin que hasta el
momento haya consecuencias.
La sociedad dominicana debe brindar su apoyo solidario hacia el
Ministerio Público y sus principales representantes, que luchan por
aplicar justicia ante una de las acciones de corrupción más
escandalosa de nuestra historia reciente.
Durante décadas, la sociedad dominicana demandó una justicia
independiente del Poder Ejecutivo, que garantice el estado de
derecho y fortalecimiento institucional.
Abinader prometió durante la pasada campaña electoral un aparato
judicial independiente, tal como lo demandaban diversos sectores.
Una de su primera designación al frente del Estado, fue la de Miriam
Germán, como Procuradora General de la República, y a Yeni Berenice
Reynoso, Procuradora Adjunta.
Artículo de Manuel Díaz Aponte
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